Tal parece que la famosa frase de Lenin: “Un paso adelante, dos pasos atrás”, título de su libro de 1904 sobre los momentos críticos del partido bolchevique, puede ser usada para explicar las sensaciones que ha producido la exposición de Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros (PCM). Claro, solo uso la frase porque el contenido y las circunstancias del famoso libro de Lenin es muy distinto.
El triunfo de Pedro Castillo sin duda fue un paso adelante, trascendental y significativo en la historia de la política peruana. Todo el simbolismo del maestro rural que encarnaba la esperanza de cambio de las regiones, de las poblaciones excluidas y marginadas, que, sin mayores recursos venció a la coalición de la derecha que contaba con todo a su favor: recursos, prensa, organización y, sobre todo, el respaldo de Lima y de las principales zonas urbanas de la costa.
Se esperaba que, Guido Bellido en su discurso ante el Congreso para pedir la confianza a su gabinete, iba a plantear los aspectos medulares del cambio político con el cual se iniciarían las grandes transformaciones prometidas. Sorpresa. Fueron dos pasos atrás, con propuestas modestas y generales con algunos elementos de cambios constitucionales, pero sometidos a la concertación con las bancadas parlamentarias. Indudablemente con estas propuestas no solo buscaba tranquilizar a las bancadas, sobre todo a aquellas que le reclamaban una posición más concertadora, como la que presentó el presidente Castillo en su discurso del 28 de Julio en el Congreso de la República.
Si analizamos bien el contenido del discurso, éste fue bastante moderado y concertador. Para empezar, llamó a la necesidad de “consenso político para desarrollar políticas públicas”, pidió que “le otorguen facultades delegadas para legislar en materia tributaria, en salud y en lo concerniente a la conformación de una comisión reformadora del sistema de seguridad social y de salud.”
No obstante, en el discurso de Bellido se plantearon puntos controversiales que pueden ser parte de la lucha política que se abre entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque, en cierta forma, son puntos que tienen a la base cambios constitucionales en lo que se refiere al rol del Estado en la economía. Estos puntos en referencia son los siguientes:
- La iniciativa para fortalecer y modernizar al Banco de la Nación” para que pueda competir con la banca privada; el “fortalecimiento del Agrobanco y dotar de mayores recursos al Fondo AgroPerú para la campaña agrícola que se inicia.” En cierta forma esto ya es un paso adelante que modifica (o intenta modificar) el rol subsidiario del Estado.
- En el tema del gas y el petróleo: el Estado participará en todas las actividades del rubro, aumentando la competencia y generando mayores ingresos al erario nacional para proyectos de desarrollo. Este es un aspecto medular en la medida que se autoriza a PETROPERU a actividades exploratorias y de explotación de recursos petroleros o de gas, compitiendo con empresas privadas. Esto significa cambios en lo que se denomina el rol subsidiario del Estado.
- Se promoverá la exploración pública y privada para revalorizar yacimientos y aumentar reservas. Ello implica reestructurar Petroperú para hacerlo más
- El gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social. En lo que respecta a las actividades extractivas, se implementará el enfoque territorial. No se conoce al respecto el contenido de lo que es un enfoque territorial, salvo las manifestaciones conflictivas que se presentan cuando entre los actores económicos dentro de un espacio geográfico no pueden convivir la actividad minera o petrolera con la actividad agrícola, pecuaria o forestal. El concepto de rentabilidad social, sin duda, tiene que construirse, pero sobre todo, adecuarse al marco normativa que regulan estas actividades económicas.
- Se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio. Como se conoce, en el sector minero hay largos y complejos conflictos sociales que tienen paralizados proyectos de inversión; esperan que con esto se pueda establecer mejores condiciones para el diálogo con las poblaciones en conflicto. Obviamente no son mesas de diálogo lo que falta, sino cambios legales relacionados, por ejemplo, con la calificación de las carreteras por donde pasan los vehículos de las minas, o los cambios en los acuerdos marcos.
Todo lo demás son medidas de políticas sectoriales que ya estaban en marcha, con el añadido de que se inyectarán más recursos a los programas existentes; recursos que se esperan tendrán un impacto en la reactivación de la economía popular, y del reinicio de los grandes proyectos de infraestructura paralizados.
Obtenida la confianza por el Congreso con una votación inesperada de 73 congresistas a favor, sin duda que las condiciones para estabilizar la gestión del gobierno son más propicias. A veces, dar dos pasos atrás puede ser lo más prudente, si es que se busca ganar tiempo para estabilizar el momento político, pero sobre todo si el gobierno está dispuesto a ganar aliados, construir confianza entre las fuerzas políticas dispuestas a trabajar por una coalición democrática que cierre el paso a las cabezas termocéfalas de la coalición ultraderechista que viene trabajando un golpe de estado.