Después de 21 años del fin del período de la dictadura del fujimorismo, aún no hay justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Otra vez se ha pospuesto si se admite o se archiva la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas en su gobierno.
Durante el decenio de Fujimori, se dieron una serie de normativas que dieron a la vulneración de los derechos humanos de muchos ciudadanos peruanos. Uno de ellos es el programa de natalidad promovido en el gobierno de Alberto Fujimori, esta programa ejecutó esterilización a 270 000 mujeres y 22 000 hombres, según el Ministerio de Salud. En esta política estuvieron involucrados ex ministros de salud de ese período: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (congresista por Fuerza Popular).
Los autores de esta política señalan que a las personas si dieron su consentimiento para ser esterilizadas. No obstante, se registran 2000 testimonios que cuentan sus experiencias de cómo las esterilizaron si su consentimiento, sobre todo mujeres provenientes de la sierra y de la selva. Así como la presión que se ejercía al personal médico para que cumpla con una cuota de esterilizaciones. A pesar de la evidencia disponible en los testimonios de las numerosas víctimas, a la fecha no ha habido justicia y ni reparación para ellas.
Esto refleja la impunidad que aún se refleja en el Estado Peruano, por no dar el debido proceso que se merecen estas víctimas. Por impunidad nos referimos a “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas” (ONU, 2005). En este sentido, el Estado peruano tiene que cumplir con los principios suscritos para la lucha contra la impunidad: el derecho a saber la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparaciones.
Estos principios básicamente el Estado está vulnerando al no dar una respuesta oportuna y, por ende, una reparación a las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Si bien es cierto, en la lucha contra la impunidad ha habido avances en el Perú gracias a las acciones de incidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el país y los colectivos organizados, que han garantizado en alguna medida la justicia transicional (como en el caso de Barrios Altos). Pero aún, en el sistema judicial se percibe brechas para garantizar la justicia, como el caso de las esterilizaciones forzadas en la dictadura fujimorista.