La muerte de Guzmán debería abrir un nuevo momento en la historia del país. El desafío de superar el terror y los crímenes de Sendero debe transformarse en la necesidad de reconciliarnos para cumplir con la promesa republicana: crear una sociedad con mejores condiciones de vida, sobre todo para los más pobres y excluidos, un país sin privilegios, con derechos y libertades para todos.
La reconciliación debe entenderse como un proyecto ambicioso para construir la comunidad política. No existe sistema institucional ni orden constitucional posible si los miembros de la comunidad no participan en términos de igualdad, a partir de sus diferencias, sus aspiraciones y esperanzas en la construcción de ese orden. Esta gran ausencia, sin embargo, es la que define el derrotero de nuestra vida republicana y, por esa razón, la apuesta por la reconciliación es mucho más grande y compleja porque nunca hemos tenido un acuerdo de tales características que sirva como canon para la convivencia. Pensar que la reconciliación se podría hacer a partir de algunas políticas o de ciertos gestos y declaraciones, no pasará de tener un efecto parcial y pasajero: la reconciliación así asumida solo tendría un carácter ilusorio en nuestro país.
Las diferencias que nos separan están en las bases culturales de la república, son parte de sus instituciones y de las prácticas que les han dado vida. Los prejuicios sobre lo andino, la soberbia de Lima sobre las provincias, la exclusión y el racismo hipócrita en todo el país son males que tienen entonces una presencia estructural que ha acompañado a la política estatal que en general ha tenido ese mismo signo.
El desafío de la reconciliación, por ello, implica reconocer y aceptar todas nuestras identidades. Y esta es una propiedad de las democracias constitucionales del mundo contemporáneo. No puede haber un proyecto común, capaz de albergar las diferencias que caracterizan a una comunidad si antes no las aceptamos como propias, porque cada uno de nosotros es también el resultado, en parte, de lo que consideramos ajeno. Además, la legitimidad de la representación política se pierde precisamente por la incapacidad para aceptar las identidades de los representados. Así se explica en gran medida la crisis de las democracias y la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones.
En un país tan fragmentado como el nuestro el reto debe ser reconocernos como una comunidad, compleja por su diversidad cultural y étnica, por las exigencias de los derechos en relación con las identidades sexuales, por la necesidad de construir las bases para el desarrollo humano en las zonas y comunidades más alejadas y abandonadas por el Estado desde siempre.
Reconciliarse implica asumir una actitud crítica desde el lugar que cada uno de nosotros tiene en la sociedad para que el país pueda ser viable en medio de la diferencia. La reconciliación en democracia exige que las voces discordantes se expresen abiertamente y participen en la vida política. No se trata entonces de un acuerdo celestial. Al contrario, las tensiones, siempre que no transgredan los propios valores de la democracia constitucional, que no vulneren derechos fundamentales, son necesarias y forman parte del proceso de reconciliación crítica.
La reconciliación es el camino opuesto a la violencia, el terror y la intolerancia que también explican el desprecio por la diversidad étnica y cultural que Guzmán sostuvo y Sendero demostró con amplitud en la práctica. Esta idea respondía a una visión unidimensional, donde no cabían aquellas distinciones: todos, incluyendo los campesinos eran solo sujetos definibles desde el punto de vista económico. La “cuota de sangre” que se debía pagar para la revolución, como Guzmán reclama, es una idea repleta de intolerancia, crueldad y culto a la muerte, que se busca normalizar con este discurso político.
La reconciliación es el triunfo de la vida. Es el desafío de realizar los valores republicanos para construir el bienestar de quienes nunca lo han tenido en el Perú, para que la libertad deje ser una palabra vacía o engañosa para la mayoría de nuestros ciudadanos. Por todo esto, el proceso de reconciliación reclama un lugar prioritario en la agenda pública y debe ser el punto de referencia para emprender los grandes cambios estructurales en el andamiaje social, político y económico que el país reclama.