Uno de los efectos de la reforma política, que se inició en el 2019, a partir de los 12 proyectos de ley presentados por el gobierno de Martín Vizcarra, es la reducción del número de partidos de 24 a solo 9. Es decir, quedaron fuera del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) 15 partidos que no lograron alcanzar el mínimo de representación en el Congreso que la ley exige.
El objetivo principal de una reforma política es superar la crisis de representación política mediante el fortalecimiento de los partidos políticos porque ello permitirá el fortalecimiento de nuestra democracia y de la institucionalidad del país. De allí que es de suma importancia la necesidad de una reforma política en esta dirección.
Recientemente en el Acuerdo Nacional, en su sesión 131, en la que participó el presidente Pedro Castillo, acordó lo siguiente en cuanto Reforma Política: Redefinir las circunscripciones electorales, restituir la bicameralidad y permitir la reelección de congresistas, para mejorar la representatividad. Promover una efectiva democracia interna, definida por los partidos con participación de la ONPE, eliminar el voto preferencial, entre otras medidas orientadas a fortalecer los partidos. Avanzar hacia un mayor equilibrio de Poderes eliminando la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y sustituirla por el juicio político; eliminar la cuestión de confianza obligatoria y la cuestión de confianza facultativa.
Es decir, hubo un acuerdo para continuar con la reforma política. Sin embargo, repitiendo la actuación de la Comisión de Constitución que presidió el congresista Omar Chehade, la actual Comisión de Constitución que preside la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular aprobó un dictamen en mayoría por el cual se dejaban sin efecto, para las elecciones regionales y municipales, parte de las reformas políticas.
Las bancadas que apoyaron este acuerdo son Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Podemos, principalmente. El pretexto es el mismo de su antecesor, la emergencia sanitaria por el covid-19. De nada vale que las autoridades electorales se hayan opuesto o que las últimas elecciones presidenciales y congresales se hayan efectuado sin ningún problema al cumplir con las medidas de bioseguridad. Es decir, a estas agrupaciones no les conviene la democracia interna.
El dictamen de la Comisión de Constitución dejaba sin efecto las elecciones primarias abiertas con voto universal para la elección de los candidatos; postergaba las causales de suspensión de inscripción de organizaciones políticas que no tienen el mínimo de comités o afiliados; se suspendía la obligatoriedad de los partidos de participar en un mínimo de 15 regiones, 98 provincias y 615 distritos en las elecciones del 2022 para mantener su inscripción; se suspendía la obligatoriedad de los movimientos regionales de participar en al menos 2/3 de provincias y 2/3 de distritos de su región; ampliar el plazo para la afiliación a un partido del 3 de octubre al 5 de enero del 2022; modificar el artículo 36-C para que el jurado ya no puede suspender la partida registral de los partidos que no pagan sus multas y ampliar por un mes el plazo para modificar las normas electorales.
En el pleno del jueves 16 el dictamen de la contrareforma política solo alcanzó 45 votos a favor contra 71 y, por consiguiente, quedó archivado, dejando libre el debate y aprobación del dictamen por minoría que solo proponía ampliar por un mes el plazo para modificar las normas electorales. Con que objeto se amplía el plazo para hacer modificaciones a las leyes electorales, la respuesta es obvia, porque aún tienen la esperanza de seguir boicoteando la reforma política.
Las elecciones primarias ha sido uno de los temas más controvertidos porque puso en cuestión las elecciones indirectas vía la asamblea de delegados o digitados por el jefe del partido para la elección de los directivos de los partidos y de los candidatos de las organizaciones políticas. Como es sabido, la elección de candidatos vía delegados no es precisamente democrática, hay acasos de “eternos” delegados. Sin embargo, lo más grave en las reformas políticas es que aún se mantiene un 20% de candidatos designados, se dice, por el órgano competente de la organización política, la que a su vez determina la ubicación en la lista de candidatos. En otras palabras, designados por el jefe de partido, lo otro es una formalidad. Es decir, se abre la puerta, en varios partidos, a la venta de candidaturas al mejor postor, al ingreso de improvisados y aventureros de la política de todo tipo, lamentablemente como ha ocurrido en la práctica. Ello ha hecho mucho daño al sistema democrático.
Las elecciones primarias abiertas se realizan de manera simultánea mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directos y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política. Las elecciones primarias determinan las candidaturas y su orden en la lista correspondiente. ¿Quiénes están sujetos a las elecciones primarias? El presidente de la república, los representantes al Congreso, los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales. Además, para continuar en el proceso electoral, el partido político debe obtener el 1.5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias y en el caso de los movimientos regionales el 4% de los votos.
Observamos que en el caso de los movimientos regionales la norma le da la posibilidad que los candidatos a consejeros regionales y regidores puedan elegirse a través de delegados elegidos por los órganos partidarios, lo cual está muy mal.
Otro tema importante, en la reforma política, es que el candidato debe tener como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de convocatoria a elecciones generales, aunque se dice que la organización política podrá establecer mayores requisitos. Al respecto el congresista Mulder y el congresista Acuña habían presentado, en el periodo del parlamento disuelto, proyectos de ley en que se proponían 3 años como mínimo de afiliación, con lo que estamos de acuerdo si queremos partidos fuertes. Si se hubieran aprobado esta propuesta del total de congresistas del parlamento disuelto solo 22 tenían tres años de militancia al postular a la elección.
Finalmente, es importante no solo estar vigilantes para impedir retrocesos en la reforma política, sino que esperamos que esta continúe y se profundice. Lo aprobado por el Acuerdo Nacional deben traducirse en proyectos de ley y aprobarlos, así como de otros temas que aún están pendientes. El gobierno debería tomar la iniciativa.