El 20 de octubre el Congreso aprobó por insistencia la autógrafa que regula la aplicación de la cuestión de confianza y que a inicios del presente mes había sido observado por el Ejecutivo.
El dictamen aprobado por el Legislativo señala que este mecanismo constitucional puede ser usado por el Ejecutivo en materias de su competencia, “no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso».
Dos días después, se conoció que el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31355, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Carta Magna.
Esta tarde el TC admitió a trámite por unanimidad la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno contra la Ley 31355.
El Pleno decidió designar como ponente de esta causa al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.
El magistrado ya había anunciado anteriormente para Canal N que el TC tiene la total voluntad de resolver dicha medida a la brevedad posible.
«Pero la voluntad, no solo mía, es de sacar este caso a la brevedad, claro si nos ayuda el Congreso y no demora mucho la respuesta nos irá mejor, pero la voluntad nuestra es resolverlo esto de la mejor manera y lo más pronto posible”, enfatizó.
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