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miércoles, octubre 16, 2024

Terruqueo

El congresista Jorge Montoya, vocero del grupo parlamentario Renovación Popular y almirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, ha dicho públicamente que la señora Gisela Ortiz Perea, actual ministra de cultura, tuvo vínculos con grupos terroristas en su época universitaria.

 

Montoya reconoce que no tiene pruebas y que sus afirmaciones se basan en dichos de personas que habrían conocido a Ortiz mientras fue estudiante en la Universidad La Cantuta.

 

El daño al honor y la reputación de la ministra de cultura está hecho y es grave. En un país como el nuestro que se ha visto desangrado por la acción terrorista de grupos como Sendero Luminoso y el MRTA señalar –o tan solo insinuar- como terrorista a una persona sin fundamento alguno es un hecho que ofende la dignidad de esa persona y de muchas más que, como Gisela Ortiz, asumieron la causa de la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos.

 

El terruqueo en el que ha caído el congresista Montoya no es nuevo, lamentablemente. Durante la reciente campaña electoral esta práctica se hizo común principalmente entre quienes cuestionaban a los simpatizantes de algún candidato de izquierda. El terruqueo lo vivimos también durante los 80s por la simple procedencia universitaria o el activismo social y mucho más si eras ayacuhano.

 

Pero lo del almirante (r) Jorge Montoya tiene al menos dos rasgos particulares que lo hacen especialmente condenable: i) Se trata de un funcionario público que ataca directamente a una persona con nombre y apellido con el propósito de descalificarla ante la sociedad y el Estado, y ii) lo hace a través de medios de comunicación. Así, el congresista Jorge Montoya habría incurrido en el delito de difamación agravada previsto en el código penal. Esto lo hace pasible de una denuncia por parte de la persona agraviada, la señora Gisela Ortiz tiene el camino expedito para proceder ante la justicia, depende sólo de ella hacerlo o no.

 

Creo que algunos congresistas han olvidado que carecen de inmunidad y que su alto cargo no les da carta abierta para actuar con impunidad; por el contrario, ser congresista debiera ser comprendido como una condición que exige mayor responsabilidad en lo que se dice y en lo que se hace.

 

Hace poco, la congresista Susel Paredes denunció por discriminación al también congresista y ex presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, esto sobre la base de publicaciones realizadas por Bellido antes de ser elegido.

 

El congresista Jorge Montoya habría incurrido también en una falta a la ética parlamentaria. En ese caso, el Código de Ética Parlamentaria prevé que cualquier persona que se sienta afectada por la conducta de un congresista presente el caso ante la Comisión de Ética del Congreso de la República. La Comisión puede, además, actuar de oficio; es decir, sin que haya denuncia de por medio. Reitero lo que propuse en una columna anterior: haría bien la Comisión de Ética Parlamentara en analizar todos los casos en que congresistas de diversas bancadas recurren al terruqueo para descalificar a sus oponentes; en realidad, se descalifican ellos mismos y afectan la investidura parlamentaria, pero –sin duda- dañan seriamente la honra de las personas, como la daña cualquier acusación sin fundamento y en cualquier ámbito de la vida. Un daño difícil de reparar.

 

El rechazo a las expresiones del congresista Jorge Montoya y las muestras de solidaridad para con la ministra de cultura Gisela Ortiz ha sido amplio y de procedencia diversa. Si este caso llega a los tribunales y se sanciona como corresponde en un debido proceso podríamos -ojalá- empezar a poner coto a la nefasta práctica del terruqueo y la acusación fácil.

 

Termino recordando que la sentencia que condenó a Alberto Fujimori y otros por el asesinato de un profesor y nueve estudiantes de La Cantuta –entre ellos, el hermano de Gisela Ortiz- estableció que ni el profesor ni los estudiantes tuvieron vínculo con grupos terroristas, de tal forma que no existe fundamento para pretender nuevamente un manto de duda sobre lo execrable del crimen de La Cantuta, la culpa de sus autores y la inocencia de las víctimas.

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