El control político es esencial en toda democracia y forma parte del equilibrio y autonomía de los poderes del Estado que distingue los regímenes democráticos de las dictaduras y las monarquías.
En países como Venezuela, Nicaragua o Cuba –por señalar algunos- subsisten los poderes ejecutivo, legislativo y judicial pero han sido cooptados y su autonomía ha sido recortada o anulada.
La clásica división de tres poderes del Estado ha evolucionado con la incorporación de los organismos constitucionalmente autónomos tales como las cortes constitucionales, el ombudsman o defensor del Pueblo, el banco central de reserva, la junta nacional de justicia, el ministerio público y la contraloría de la república.
En el Perú, la existencia y creciente relevancia de los organismos constitucionalmente autónomos ha dado lugar al Consejo de Estado que se reúne para adoptar posturas en momentos y materias especialmente críticas. Así, ante la presente crisis que enfrenta al Gobierno y al Congreso, el poder judicial y los organismos constitucionalmente autónomos han invocado al presidente de la República a llamar a reunión del Consejo de Estado bajo el principio de colaboración entre poderes. Al momento de escribir esta columna no se ha producido la mencionada reunión y el conflicto subsiste en medio de una tensa calma. Calma tensa y artificial, desde mi punto de vista.
La reciente interpelación al ministro de trabajo, Iber Maraví, generó tensiones del más alto nivel. Por un lado, el presidente del Consejo de Ministros y también cuestionado ministro Guido Bellido, “advirtió” sobre la posibilidad de plantear una cuestión de confianza que fue desmentida sólo a medias por el presidente Pedro Castillo; por su parte, las bancadas de derecha en el Congreso respondieron con una posible moción de censura.
No es posible negar que estamos en línea de colisión. ¿Puede evitarse? Sí, pero el pronóstico en esta crisis es reservado.
Un reciente informe de Epicentro TV dio cuenta de los serios enfrentamientos al interior del núcleo de gobierno. Las expresiones de algunos líderes perulibristas de que se trata de diferencias pero no de ruptura no son convincentes y parece, más bien, una forma de negacionismo de una crisis que deberíamos transparentar como primer paso para afrontarla y –ojalá- resolverla.
Cualquier persona medianamente interesada en el devenir político puede observar que existe una franca confrontación entre Pedro Castillo, Guido Bellido, Vladimir Cerrón y Dina Baluarte que tiene como actores secundarios a congresistas como Guillermo Bermejo o Betsy Chávez, esta última bastante golpeada por sus compañeros de partido.
El Congreso tampoco es un escenario de común acuerdo y de acciones políticas eficaces. En un acto sin precedentes, la presidenta del Congreso de la República acompañó a los voceros de los grupos parlamentarios a una reunión de medianoche para preguntarle al presidente Castillo si presentaría o no cuestión de confianza por el ministro Maraví, como sí esto fuese un instrumento efectivo para bloquear las atribuciones presidenciales.
El fin de semana inmediatamente posterior al pico de la crisis, el presidente de la República y sus ministros más cercanos anunciaron desde el Cusco la denominada segunda reforma agraria, compuesta por un conjunto de importantes programas de apoyo al agro a los que sería absurdo oponerse.
Algunos ven en este anuncio un punto de inflexión en el gobierno del presidente Castillo, podría ser. La trascendencia simbólica es innegable, pero su concreción requiere –sin lugar a dudas- superar la crisis política que agobia al interior del Gobierno y que mantiene en vilo las relaciones entre ejecutivo y legislativo.
Un día antes se hizo pública la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva y los nombres de Roxana Barrantes, José Távara y Germán Alarco como miembros de su directorio en representación del poder ejecutivo, lo que constituye una muy buena decisión.
Mientras el señor Guido Bellido –que desde el Cusco volvió a desafiar innecesariamente al Congreso- se mantenga al frente del Consejo de Ministros y en confabulación permanente contra el presidente Castillo será muy difícil llegar a buen puerto con las políticas de Gobierno, por más razonables, justas y simbólicas que éstas sean.
Haría bien el presidente Pedro Castillo en asumir las riendas que le corresponden en medio de la crisis política y convocar al Consejo de Estado para buscar respuestas institucionales a la crisis política que hoy nos afecta, así se podría –además- dar un salto hacia adelante.