En los cuatro meses tras haberse instaurado el actual Congreso, que tiene previsto ejercer funciones hasta el 2026, las confrontaciones y amenazas no han sido ajenas a la rutina parlamentaria. El ejercicio conocido en periodos anteriores que produjeron renuncias, vacancia presidencial y disolución del Parlamento, parece repetirse en un espacio corto de tiempo.

La población no busca, en su mayoría, este tipo de actitudes y esto se ve reflejado en la desaprobación hacia la gestión del Congreso de la República la cual alcanzó un 61%, incrementándose en tres puntos porcentuales respecto a octubre, cuando se ubicaba en 58%, según la encuesta Ipsos – El Comercio del 14 de noviembre.

“Estos primeros 120 días del Congreso de la República nos dejan un déficit. Como balance diría que no ha sido lo mejor, hay algunos aspectos muy destacables, pero en términos generales el Congreso, y esto se muestra en los estudios de opinión pública, no ha logrado remontar el déficit que traía también la institución parlamentaria en los congresos anteriores”, comparte en un primer balance el analista político Gerardo Távara.

Y es que al parecer este gen confrontacional permanece incluso tras renovarse en su totalidad el Congreso de la República anterior, esto tras aprobarse en el 2019 la ley que prohibía la reelección parlamentaria. Una de las primeras acciones de choque directo contra el Ejecutivo en este periodo fue el 18 de octubre cuando el pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley, observada por el Ejecutivo, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución.

La representación nacional apoyó esta aprobación por 79 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. En respuesta, el Poder Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la cuestión de confianza aprobadas en el Congreso, una vez que se promulgue la norma.

“El Ejecutivo presentará la acción de inconstitucionalidad; limitar la cuestión de confianza sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de vacar al Presidente rompe el equilibrio de poderes, ahora no hay equilibrio de poderes”, señaló el ministro de Justicia, Aníbal Torres.

Para Gerardo Távara, la confrontación empieza incluso antes de iniciar la labor parlamentaria y las funciones del presidente Castillo, el génesis está en la campaña electoral. “ El Congreso ha estado muy tomado por la confrontación política que venía desde la campaña electoral, pareciera que hay algunos grupos parlamentarios que mantienen una conducta que es la misma que tuvieron durante la campaña: una conducta de polarización entre aquellos que respaldan al gobierno de Pedro Castillo, que desde el Congreso son una minoría, y aquellos que siguen cuestionándolo desde algunos grupos parlamentarios de derecha, pero también algunos congresistas desde la izquierda, sin terminar de asumir que Castillo Terrones ya no es un candidato, sino un presidente de la República elegido”.

La confrontación escalonada: a miras de la vacancia presidencial

El pasado jueves, con firma de 28 legisladores de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular se presentó una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente promovida por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. La moción aduce un presunto uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín en la campaña electoral del 2021 de Perú Libre, tema que investiga el Ministerio Público sin conclusiones aún.

De igual forma, la designación de altos funcionarios vinculados, según los firmantes, al terrorismo apología del terrorismo, y tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y la Sunat.

Al respecto de este primer paso en el proceso de vacancia (pues aún se necesitan 52 votos para determinar si se admite a debate la moción y 87 votos para aprobarse), el analista político Gerardo Távara alerta el poco conocimiento de algunos parlamentarios sobre el marco constitucional. “Algunos congresistas promotores de esta vacancia parecen no distinguir entre lo que es un mecanismo de control parlamentario que se ejerce sobre los ministros, con lo que es la vacancia presidencial. Han llegado a decir, incluso, que la vacancia no es necesariamente para sacarlo, sino para que responda preguntas, lo cual demuestra un desconocimiento del marco constitucional peruano, porque la vacancia no ser utiliza ni tiene el mismo propósito que una interpelación. Si lo que se quiere es que se responda por la gestión, entonces hay que interpelar a los ministros, porque la Constitución señala que el presidente de la República no responde por sus actos de gobierno, sino los que responden son los ministros”.

La revisión a la práctica parlamentaria

Según hemos podido revisar en el portal de Transparencia del Congreso de la República, hasta el momento de elaborarse este informe figuran 602 proyectos de ley presentados solo por el Congreso de la República (no se incluyen los proyectos que se proponen desde el Poder Ejecutivo). Sin embargo, tan solo 21 de estos se han publicado en el Diario Oficial El Peruano, lo que representa el 3.49%. Muchos de ellos debatidos de manera apresurada para responder a la coyuntura, como es los mecanismos de regulación de la cuestión de confianza, el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, destino final de los cadáveres de condenados por terrorismo, suspensión de las primarias en las Elecciones 2022.

Una cuestión calidad – cantidad. Para Gerardo Távara el tema de la cantidad de proyectos no debería ser un indicador para evaluar la labor parlamentaria, pues hay congresistas que piensan que a mayor cantidad de proyectos que presenten, son mejores en su trabajo. “En realidad lo que hay que medir es la calidad de los proyectos de ley, si es que estos responden a propósitos como mejorar problemas reales en la sociedad peruana, como es la política, economía, etc. Creo que hay algunas iniciativas que preocupan mucho como las que van en contra de la reforma universitaria, ya se ha aprobado la extensión del bachillerato automático, y me parece preocupante que se pretenda restarle peso a la Sunedu.  Hay algunas iniciativas que van en línea con la contrarreforma del transporte o también iniciativas que han ido contra la reforma política. Preocupa también que algunas comisiones sean presididas por congresistas que tendrían intereses particulares que podrían entenderse como un conflicto de intereses”, alerta Távara.

El problema con la agenda legislativa. El pleno del Congreso aprobó el 21 de octubre la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2021-2022, la importancia de este documento se debe a que marca el rumbo de la labor parlamentaria. El problema es que su aprobación se da tras casi tres meses de haberse instaurado el nuevo Congreso, por lo que muchas de las acciones que se ha tomado desde el Parlamento no han tenido un rumbo debidamente definido. Desde agosto, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, señaló que se estaba trabajando en una serie de propuestas legislativas con puntos que tengan el consenso de todas las bancadas para, una vez que esté lista, plantearle al Poder Ejecutivo una "agenda país" compartida, pero esto se concretó en octubre pasado cuando ya se habían creado las Comisiones Ordinarias en el Congreso. Esto vulnera lo que dice el propio Reglamento del Congreso.

Dentro del artículo 36 del Reglamento del Congreso, al respecto de la organización de las comisiones, se precisa que “el Plan de Trabajo de la Comisión debe tomar en cuenta la Agenda Legislativa aprobada por el Pleno del Congreso y responder al acuerdo de los distintos Grupos Parlamentarios representados en la Comisión”. Como revisaremos a continuación, las comisiones ya han venido presentando sus agendas para el periodo 2021-2022; sin embargo, en el Congreso no se había aprobado la agenda en consenso con el Ejecutivo.

Lo mismo se lee en el artículo 76, donde se disponen los requisitos especiales para presentación de las proposiciones de ley y de resolución, entre los indicados en el texto, figura que las propuestas deben consignarse en relación a la agenda legislativa aprobada en el Pleno del Congreso.

“Me parece muy importante que la agenda legislativa haya sido aprobada por unanimidad, lo que revela un consenso logrado entre las bancadas, pero también el Congreso ha demorado mucho en aprobar la agenda legislativa. Cuando se aprobó esta agenda, tres meses después de instalado el Congreso, cada Comisión Ordinaria había aprobado su plan de trabajo, incluso se habían conformado Comisiones Especiales. Lo ideal es que la agenda legislativa sea lo primero que apruebe el Congreso para que luego las comisiones organicen sus paneles de trabajo en función de la agenda”, agrega Távara.

Las buenas acciones

La labor parlamentaria ha tenido también resoluciones positivas que se deben compartir. Una de ellas, entre las más importantes según comenta Gerardo Távara, es la elección de los nuevos directores del Banco Central de Reserva (BCR): Diego Macera Poli, Inés Choy Chong y Carlos Oliva Neyra, en cumplimiento de la potestad del Congreso que señala la Constitución Política.

"Un aspecto positivo de este Congreso es la designación de los tres directores del Banco Central de Reserva. Las tres personas que han sido designadas son profesionales que responden a los criterios que se establecen, es decir, son competentes en la materia y no responden a intereses políticos o de grupos. Esto marca una diferencia muy significativa con el Congreso anterior que eligió a personas como Rafael Rey, quien no tenía experiencia en materia de políticas monetarias, o al señor José Chlimper, quien era hasta ese momento un alto dirigente del partido Fuerza Popular. Además, de los tres elegidos por el Congreso, al menos una es mujer con carrera en el BCR, por primera vez vamos a tener un directorio con dos mujeres”, resalta.

Otro consenso positivo que se está realizando en el Congreso es el bloque parlamentario “Prorreforma Universitaria”, grupo de parlamento de varios grupos políticos que se mantienen a favor de la reforma universitaria que busca mejorar la calidad de enseñanza en nuestro país, e intentan desde sus bandos enfrentar acciones de otros grupos parlamentarios que están impulsados por “intereses particulares”.

Su ultimo pronunciamiento nace a razón del Proyecto de Ley N° 697 “Ley que restablece la autonomía universitaria en el Perú”, texto bajo la autoría del parlamentario de Renovación Popular, Esdras Medina, que se encuentra en la Comisión de Educación. Este proyecto busca que el Consejo Directivo de la Sunedu sea elegido por medio de un mecanismo similar al que era usado por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que hoy no existe.

Para “Prorreforma Universitaria”, esta iniciativa atenta contra la reforma universitaria que está en marcha está siendo impulsada por interés particulares, pues busca que el Consejo Directivo de la Sunedu sea conformado mayoritariamente por rectores de universidades públicas y privadas elegidos por las mismas universidades.