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jueves, octubre 6, 2022

La mala defensa preventiva

Resultan inexcusables los manoseos en torno a los ascensos militares en el Ejército y la Fuerza Aérea desde las instancias más altas del poder. Debe quedar claro que, si bien el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, este cargo no le faculta a hacer los cambios que le vengan en gana. De hecho, la propia Constitución indica que los ascensos son definidos por el mandatario “según propuesta del instituto correspondiente”. De allí que la salida del ministro de Defensa Walter Ayala y el secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco sea imperativa, así como una explicación al país, por parte del presidente Castillo, sobre lo ocurrido.

 

Hay quienes ven, con anteojeras ideológicas, que este intento burdo de colocar a dos paisanos del mandatario es “una parte más del plan para instalar el chavismo en el Perú”. Nada más lejos de la realidad: ni Castillo es un chavista convencido – de hecho, la gran interrogante que la mayoría de los analistas tiene, a esta altura, es si el presidente tiene alguna convicción ideológica real – ni tiene tampoco la fuerza para imponer a dos generales que, visto de lejos, no llegarían jamás a comandar sus instituciones. De hecho, la salida de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea se debió a que ninguno de los dos aceptó la recomendación dada desde las altas esferas del poder y sus sucesores no han firmado los ascensos de los dos oficiales involucrados.

 

¿Cuál es el pensamiento en Palacio de Gobierno que llevó a esta burda y condenable maniobra? Un sector del gobierno está bastante susceptible ante la posibilidad que una asonada civil respaldada por militares en retiro termine siendo apoyada por parte de las Fuerzas Armadas. De allí que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haya cedido con facilidad a los pedidos de los gremios de transportistas que amenazaban con un paro para esta semana, el cual, como consta en un reportaje del portal El Foco, buscaba ser aprovechado por algunos elementos empresariales para desestabilizar a Castillo.

 

Pero el remedio ha sido peor que la enfermedad. Castillo no solo va a terminar sacrificando a dos funcionarios de confianza, sino que sume a su gobierno en una nueva crisis. Peor aún, nuevamente se plantea la posibilidad de presentar una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, algo que está rondando en la cabeza de varios parlamentarios desde supieron que las elecciones habían sido ganadas por el candidato de Perú Libre. En suma, por supuestamente evitar una crisis, el presidente y su entorno se han generado una peor situación.

 

Pero también conviene llamar la atención a quienes señalan que “es necesario vacar a Castillo para evitar que destroce el país”. Las vacancias “preventivas” terminan siendo una pésima defensa del sistema democrático, tan mala como la que han esbozado desde Palacio de Gobierno. Y precisamente hacia lo que tenemos que ir es hacia una mejor regulación de las figuras que vinculan a la salida del presidente del cargo por supuestos que no son su muerte, incapacidad física inhabilitante, renuncia o viaje del país sin permiso.

 

Esto nos debe llevar a un cambio constitucional que a) elimine la incapacidad moral permanente como causal, b) establezca un juicio político con todas las reglas de debido proceso, c) amplíe los supuestos del artículo 117 de la Constitución para procesar al presidente durante su mandato. Todo ello, más allá de la discusión existente sobre la continuidad de Castillo como mandatario. Es hora de zanjar un debate en torno a la causal de mayor desestabilización del sistema político peruano.

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