A los cien días de inaugurado un nuevo gobierno se acostumbra a realizar un balance de su gestión. La evaluación debe ser tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo para tener una visión integral de lo avanzado en cuanto a sus promesas electorales, así como de sus aciertos y errores. La ejecutoria de ambos poderes del Estado nos dirá si efectivamente está en sintonía con las expectativas del país y si están cumpliendo lo ofertado.
Producto de las crisis de representación política tenemos un gobierno y un parlamento débil de origen. En el caso del partido de gobierno tenemos un partido de provincia, en el sentido que nunca operó a escala nacional, cuya única experiencia de gobierno fue de un gobierno regional y de algunas alcaldías, no tiene la experiencia ni los cuadros suficientes y preparados para ejercer un gobierno nacional. Su bancada está compuesta mayoritariamente por independientes venidos del magisterio y el resto son militantes incorporados al filo del cierre de las inscripciones, no pasando de 5 los militantes de trayectoria partidaria. La mayoría sin ninguna experiencia en la función pública de gobierno y legislativa.
En general, salvo excepciones, la mayoría de los parlamentarios de los partidos que han llegado al Congreso no tiene experiencia en el campo legislativo y político. Son invitados, salvo el caso de AP. Ello explica la precariedad de su gestión, agreguemos a ello que los asesores que designan y les paga el Congreso, tanto en los despachos congresales como en las presidencias de comisiones, en la mayoría de los casos, no son idóneos para el cargo lo que juega en contra de la calidad de la gestión parlamentaria.
En el caso del Pedro Castillo está pagando el precio de principiante, de novato en el ejercicio de gobierno. Está aprendiendo a ser funcionario público, como dice Mirko Lauer. Ese precio se paga con la pérdida de capital político que le otorgó sus electores, que se ha producido en estos primeros cien días como muestran las encuestas recientes. Las expectativas que tenía la población que votó por Pedro Castillo está entrando en una fase de decepción lo cual es muy peligroso para la estabilidad política del país.
Sin embargo, esta situación ha facilitado la construcción de una narrativa de parte de los editoriales del diario El Comercio y sus medios que, desde el primer día del gobierno, han atacado al gobierno y de la extrema derecha que predica que, estando frente a un “gobierno comunista”, hay que vacarlo cuanto antes para lo cual hay que demostrar “como alguien incapaz de ejercer el puesto”. El suplemento ECData de El Comercio, publicado el domingo 5/11/21, tiene como título “El fracaso de los 100 días de Castillo”. Dice: “La falta de gestión, las designaciones cuestionadas y el silencio del presidente marcaron el arranque del régimen”. Las cifras que muestran son 85% de promesas incumplidas, 8% en proceso y 7% cumplidas del Plan de Gobierno Perú al Bicentenario, formulado en la segunda vuelta.
Los problemas de gobierno
No estamos en la posición de denostar contra un gobierno de izquierda que propuso transformar el país para solucionar los problemas de los más frente a una extrema derecha sin alternativas que defiende el no cambio. En esa orientación los problemas que Pedro Castillo debe resolver para generar capacidad de gobierno, luego de la experiencia de los cien días, son:
- Construir un discurso político de transformación del país que le dé sentido a su política general de gobierno propuesto y le permita orientar sus intervenciones públicas.
- Formular una agenda política que permita poner en la agenda pública los temas prioritarios de su gobierno en la dirección de una estrategia de transformación del país. Castillo dijo que en los primeros cien días de gobierno impulsaría una agenda de cambios por el bien del Perú.
- Constituir su Centro de Gobierno (CdeG) en el despacho presidencial que le dé el soporte político para la dirección de gobierno. En la secretaria general y la asesoría técnica colocó personal que no cuenta ni con la experiencia ni el conocimiento en alta dirección de gobierno. El presidente Castillo, como dice Carlos Matus, es un líder sin Estado Mayor.
- Como se ha podido comprobar tiene un déficit en la conducción del Consejo de Ministros, no solo por falta de experiencia, sino que carece del personal idóneo para la preparación de la agenda y la dirección política de las sesiones. Un presidente escucha, analiza, determina y ordena, luego monitorea y evalúa el cumplimiento de lo dispuesto.
- Hay un proceso de tránsito de su propuesta política de campaña a los 10 ejes de su política general de gobierno al 2026 (PGG) publicada recientemente y sustentada por Mirtha Vásquez en el Congreso. Se requiere determinar la estrategia política de esta PGG la cual debe traducirse en planes, programas y proyectos en cada uno de los ministerios correspondientes.
- Las relaciones con la bancada parlamentaria están en proceso de deterioro político y esta ha sido incapaz de formular una agenda legislativa que este en función de la política de gobierno y oriente su accionar. La bancada no ha constituido un equipo técnico legislativo de alto nivel capaz de sostenerla técnica y políticamente, lo mismo ocurre en las 7 comisiones ordinarias que preside.
- Constituir una alianza con el centro político capaz de darle estabilidad política y gobernabilidad a su gobierno y crear la condiciones para la aprobación de sus propuestas legislativas para lo cual requiere establecer un diálogo fluido con APP y AP y generar acuerdos.
- Constituir a la brevedad un equipo especializado en comunicación de gobierno que establezca una estrategia de comunicación, ya que la carencia de ello está afectando seriamente la actuación presidencial.
- Formular el conjunto de reformas que requiere para su propuesta de transformación social y política, el no tener un equipo técnico para ello debe convoca a la academia y especialistas para constituir comisiones de alto nivel con plazo determinado.
Hay un conjunto de reformas para la transformación del país para lo cual se requiere formular proyectos de ley. Las reformas son: tributarias, de gestión pública, de descentralización, de ordenamiento territorial, del sistema político, de educación, de la PNP, del transporte, entre otras. Respecto de la reforma de la Constitución, se requiere formular el proyecto y ponerlo al debate nacional, no basta con pedir referéndum para Asamblea Constituyente, ya que con ella o sin ella se requiere tener redactada la propuesta de reforma.
La producción legislativa y el Congreso
La producción legislativa del Poder Ejecutivo que presentó al Congreso, también, es muy pobre respecto de los cambios que pretende implementar el gobierno. Solo ha presentado, a la fecha, 10 proyectos de ley, de los cuales 4 son los referidos a la Ley de presupuesto y complementarias. De las 6 restantes, 2 son de reforma constitucional, una sobre la vacancia presidencial y la otra para reformar la representación de los abogados en el JNE. Otra sobre el pedido de delegación de facultades en materia tributaria y financiera. Las otras 3 son de menor importancia, el cambio del nombre del Ministerio de Cultura, sobre la protección familiar y la adopción y la derogación de dos leyes sobre vías fronterizas.
Respecto del Congreso de la República, la situación es más grave que la del Ejecutivo. La encuesta del IEP muestra que el 75% desaprueba y solo el 21% lo aprueba. La aprobación de la presidente del Congreso Maricarmen Alva es de 28%, por debajo del presidente Castillo que es de 35%. En general tenemos un parlamento mediocre, se ha repetido el modelo de representación y actuación que venimos arrastrando por la crisis de representación política. No llegan al parlamento los mejores, ya que los partidos no seleccionan adecuadamente a sus candidatos, los criterios que no son el de la idoneidad. Obviamente hay excepciones, pero son los menos que no pasan del 20% de parlamentarios.
No hay ninguna propuesta de modernizar el Poder Legislativo, se esta administrando el statu quo. La nueva gestión no ha formulado el Plan Estratégico Institucional 2021-2026. En comisiones las secretarias técnicas están diezmadas, no hay concurso de méritos desde el 2005. Entre jubilados y retiros voluntarios se han reducido a 50% y los inmediatos sustitutos de los secretarios técnico que son los especialista parlamentarios son muy escasos. Es decir, técnicamente a disminuido sustancialmente la capacidad legislativa de comisiones. La capacidad de fiscalización de comisiones es nula por falta de personal especializado.
El 23 de octubre se publicó la Agenda Legislativa del Congreso 2021-2020, que es una enumeración temas con relación a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, en realidad es un formato de un conjunto de temas posibles supuestamente prioritarios para este periodo. Sin embargo, la realidad muestra en los 100 días una producción legislativa muy pobre, solo ha producido 9 normas, 6 son resoluciones legislativas, una ley referida al caso Abimael Guzmán, otra sobre la cuestión de confianza y la ley de contrarreforma política. Eso es todo. Las estadísticas muestran (La República, 5/11/21) que hay 640 proyectos de ley presentados, 83 son de entidades públicas, 100 son proyectos declarativos y 114 son proyectos actualizados que vienen del parlamento anterior.
Finalmente, el balance de los cien días del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es negativo, con muy pocos logros. Tanto uno como el otro están en un proceso lento de aprendizaje en la función pública como legislativa. No vemos decisión política de dotarse de los elementos necesarios para un mejor ejercicio de gobierno.