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viernes, diciembre 13, 2024

CAMINO A LA DICTADURA PARLAMENTARIA

La ultraderecha esgrime la vacancia presidencial y la censura infinita a los ministros de  Pedro Castillo, para tenerlos entretenidos y arrinconados a la defensiva; pero poco a poco con el apoyo de los grupos mediáticos, vienen instalando en el país un copamiento del poder, una especie de dictadura blanda por parte del Congreso Nacional de la República; en este propósito, se explícita los intereses y alianzas entre la centro derecha, ultraderecha y algunos intonsos de Perú Libre.

 

Por ejemplo en el plano económico el Congreso, al negarle plenamente facultades legislativas al ejecutivo y colocar candados legales para evitar las reformas tributarias y otros temas para la reactivación económica que, podían permitir cobrar y sancionar las evasiones, elusiones tributarias de las grandes empresas, pero sobre todo redistribuir las SOBRE GANANCIAS que vienen recogiendo las empresas mineras, beneficiadas por la exportación; paralizan la función del ejecutivo en el plano de las políticas económicas y recaudación tributaria, con lo cual cierran posibilidades de hacer caja fiscal y financiar los programas sociales para la reactivación económica y la generación de empleo post pandemia.

 

Han colocado también nuevas barreras, para la revisión de contratos entreguistas como el gas de Camisea; distrayendo el debate con una fracasada “masificación del gas”; meten gato por liebre con esta medida, con una intensa campaña en los grandes medios de comunicación, contando con el apoyo entusiasta del acciopopulista Gobernador del Gobierno Regional del Cusco.

 

Lamentablemente en este sector la conducta silenciosa y pusilánime del Ministro cerronista de Energía y Minas, ayuda a que las empresas utilicen el chantaje del cierre de las minas y otros medios para evitar un debate acerca de estos contratos que, son los reclamos de regionales como del Cusco o el Macro Sur.

 

Por otro lado el Congreso, a través de un concurso cuestionado implementa el control del nuevo Tribunal Constitucional, colocando a personajes comprometidos con causas empresariales corruptas; finalmente han reactivado la “hermandad” en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esto último, muy funcional con la  JUDICIALIZACIÓN DE LA POLITICA, para perseguir organizaciones y dirigentes que, discrepan con la conducta de los grupos poder.

 

Los supuestos defensores de la Constitución fujimoristas, desconocen los mecanismos de reforma constitucional, al cerrar paso a iniciativas como el REFERENDUM, con lo cual abren el recurso a iniciativas sociales radicales que pueden concluir en una Asamblea Constituyente como en Chile.

 

Finalmente, tanto es el sectarismo racista y xenofóbico del Congreso, que ante una reunión de organizaciones sociales como Runasur, que no tienen ningún vínculo oficial con el gobierno; activaron una infame campaña usurpando funciones de la Cancillería, para determinar quien puede visitar o no al país. Lo cínico en cambio es que la ultraderecha, recibe a palmas batientes a quienes persiguen a nuestros compatriotas en España, como el Grupo Vox o el ilegal representante venezolano.

 

Si a esto sumamos, la CONTRA REFORMAS ELECTORALES y CONTRA REFEORMA DE LA LEY UNIVERSITARIA, estamos ante una ofensiva conservadora, que usurpan y sobrepasan sus funciones ante los otros poderes del Estado, todo en el afán de mantener sus privilegios económicos y grupales.

 

Lamentablemente en este contexto, la pérdida de iniciativa y abstencionismo político del ejecutivo, no ayuda a equilibrar este contrapeso; sus limitaciones y contradicciones dentro de Perú Libre, hacen todavía más inestable el contexto político del país y generen una incertidumbre permanente.

 

Desde la independencia y autonomía frente al gobierno y poderes fácticos, corresponde a los movimientos sociales y regionales recuperar energía y vitalidad para enfrentar este sendero dictatorial parlamentario; exigiendo una agenda de cambios reales a Pedro Castillo, y por otro desenmascarando y denunciando la parálisis económica y social que se promueve desde el Congreso y que es parte de la estrategia desestabilizadora de los grupos de poder.

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