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sábado, mayo 18, 2024

Universidad pública y reforma universitaria: ¿Y si pasamos del ruido (y silencios) a las nueces?

Este 2021 ha sido un año más de pugnas, cubileteos y gestión de intereses. Ya van siete años y volverán a la carga. La reforma universitaria cortó las alas a un boyante y vil negocio: ofrecer títulos “a nombre de la Nación” a cambio de bajos costos y un pésimo servicio educativo. Entre Fujimori y García la estafa se instaló, consolidó y multiplicó. Crecieron como hongos y el negocio fue a gran escala. Alas Peruanas abrió filiales por casi todas las regiones y se hizo de un alumnado, 65 mil alumnos, más del doble de San Marcos. Y no pudo licenciarse, cumplir con las condiciones básicas de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria. Mientras otras actuaron con mayor responsabilidad con sus intereses mercantilistas y obtuvieron el requerido licenciamiento, como la César Vallejo, la universidad de mayor número de estudiantes: más de 100 mil alumnos. Estudiantes, y plata, “como cancha”.

Son 42 universidades privadas con licencia denegada. Expectoradas de un mercado cautivo y muy lucrativo. Este mercantilismo doloso ha encontrado operadores políticos, directos o por encargo, sobre todo en el Congreso de la República. Han solido copar su Comisión de Educación, tener presencia en otras comisiones claves como en su mesa directiva. Tienen partidos propios y financian campañas electorales de “aliados”. Suelen merodear presidentes de la República, desde Fujimori hasta Castillo, con honrosas excepciones. Estos intereses persisten, y no cejarán, en hacer ruido y en enfilar contra la SUNEDU, el anticristo “culpable” de sus enormes pérdidas. Y en nombre de los estudiantes afectados, como coartada.

¿Cómo entran y se ubican las universidades públicas en toda esta nueva ola conspirativa? A cinco años de implementación de la reforma universitaria, y con una segunda promoción de autoridades, las posturas que se conocieron de algunos rectores, gremios docentes y estudiantiles, preocuparon. Los silencios de muchos también. Las iniciativas legislativas de prolongar por dos años más el bachillerato automático y la exigencia de contar con maestría para ejercer la docencia de pre grado, que ya se había postergada por el mismo tiempo y el mismo motivo (la pandemia), exigencias planteadas desde el 2015 y que debieron entrar en vigencia este año 2021. Sumaron la grosera propuesta de retorno a una variante de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), funcional al sistema de estafa instaurado. Loos operadores de turno, en esta ocasión, encontraron aliados en un partido de difícil definición, como Perú Libre, e inesperados y activos apoyos como el de la flamante rectora sanmarquina.

Esta última medida, sobre todo, generaron positivas y, esperemos, auspiciosas reacciones. La conformación de un grupo parlamento multipartidario pro reforma universitaria, el pronunciamiento de 16 universidades (2 de ellas públicas: San Agustín y Toribio Rodríguez de Mendoza), una respetable marcha con mayoritaria presencia estudiantil, una opinión pública ampliamente crítica a estos intentos, voces múltiples en redes defendiendo los avances de la reforma y el rol de la SUNEDU.

En el proceso de licenciamiento sólo 3 de 54 universidades públicas no lo obtuvieron (San Luis Gonzaga, Pedro Ruiz Gallo, Ciro Alegría) y, en este período, se han generado algunos avances académicos, formativos y administrativos. Pero, persisten problemas institucionales que vienen de antiguo y que la reforma universitaria aún está lejos de ser el referente que los aclare y soluciones. Frente a los cuales, lo que haga y deje de hacer la SUNEDU no es decisivo.

La relación universidad pública y Estado tiene una larga historia de desencuentros y cuerdas separadas. Ante la complejidad del tema y las posturas, por lo general, contestatarias de los estamentos universitarios, los distintos gobiernos optaron por ponerse de perfil. La distancia que se estableció, y profundizó, no sólo ha sido de orden político también institucional, funcional, incluso de identidad. En buena parte de las entidades estatales, no fluye el reconocimiento de las universidades públicas como parte del entramado estatal. En algunos casos la consideran “sociedad civil”. Desde ellas, la percepción mayoritaria es complementaria, no se sienten parte de lo estatal. La “autonomía”, esgrimida por unos y utilizada por otros, es una narrativa propicia para consolidar este desentendimiento mutuo. En esta trayectoria, y considerando las últimas pujas, deberíamos problematizar la situación de la universidad pública y la actual reforma universitaria. Un par de puntos y varias interrogantes al respecto.

Primero, sin actores organizados y resueltos a liderar un proceso reformista y de cambio, no habrá mucha legitimidad ni efectividad. Esta reforma universitaria, cuando fue aprobada, fue promovida desde el Legislativo y contó con el respaldo del Ejecutivo. No estableció un respaldo significativo ni cabalmente involucró a docentes y estudiantes con los objetivos de dicha norma. A mi modesto entender, no había de otra. Una voluntad de “ajuste de cuentas” con las autoridades imperantes antes de la reforma, favoreció la movilización estudiantil y docente a favor del “mal menor”: la implementación de la ley universitaria.

¿Han dejado huella las primeras autoridades electas? ¿Luego de 5 años de gestión hay nuevos estándares de gestión institucional y académica? ¿Surgieron nuevos movimientos y propuestas de cambios, alineados con la ley universitaria, a nivel docente y estudiantil? ¿Por qué la gran mayoría de nuevas autoridades han ganado con banderas críticas, fundadas y de las otras, a la ley universitaria? ¿Estamos ante la practica desactivación de la Asamblea Nacional de Universidades Públicas (ANUPP)? ¿Hay condiciones, objetivas y subjetivas (cómo se solía decir antes), para revertir este déficit de actores dispuestos a comprarse el pleito por una reforma universitaria? ¿No será oportuno hacer un balance de lo actuado y concordar salidas viables?

Segundo, sin definiciones claras no se puede gestionar el futuro. La ley tiene una definición genérica de universidad (Art. 3), desarrolla una definición de universidad privada (Capítulo XII, Art. 115) y en el Capitulo XI, de Universidad Pública, no hay un símil. No contar con una definición oficial no es una simple omisión. Tiene múltiples implicancias para precisar las especificidades de sus fines y funciones. Incluso, para la delimitación de indicadores propios que puedan medir adecuadamente desempeños institucionales, como en los denominados “ranking”.

¿Cuánto y cómo vincular la universidad pública con la formulación, validación, implementación y evaluación de los planes estratégicos de desarrollo, institucionales y territoriales, como a las políticas de Estado? ¿Debiera haber universidades públicas nacionales y regionales? ¿Articulaciones por áreas de conocimiento y agendas de investigaciones a nivel macrorregional y longitudinal? ¿Cómo garantizar la formación de los recursos humanos y talentos para la gestión del desarrollo? ¿Desde el pre grado la malla curricular no debiera incluir cursos sobre el Estado y las políticas sectoriales relacionadas con cada una de las profesiones? ¿Los voluntariados y las prácticas pre profesional y profesional en el Estado de acuerdo a su formación profesional, no debieran ser parte de acuerdos interinstitucionales de larga vigencia? ¿Las distintas becas con fondos públicos no deberían ser exclusivos, salvo casos que se justifiquen, para las universidades públicas? ¿CONCYTEC debiera fortalecerse y contar con un mayor presupuesto para investigaciones especializadas de la agenda nacional y regional, como para incentivar la elaboración de tesis de pre grado, maestrías y doctorados orientados a esas agendas? ¿Las entidades de investigación de los sectores no debieran tener relaciones de colaboración e interacción con las universidades públicas? ¿No debiera promoverse “puertas giratorias” entre funcionarios de alto nivel y la docencia e investigación académica? ¿En lo administrativo las universidades debieran alinearse a los 11 sistemas de la administración pública o establecer algunas particularidades? ¿Éstas debieran tener una tecnocracia o seguir con los docentes como tales? ¿No será el momento de discutir el significado y cómo se operativiza definiciones tradicionales, y muy sensibles, como “autonomía” y “gratuidad”?

Hemos vivido años muy intensos y desafiantes. La pandemia desnudó toda nuestra institucionalidad pública, incluida la universitaria. Varias y calificadas iniciativas, pero muchos pasivos también. Y un Bicentenario que se nos pasó sin pena ni gloria. Todavía estamos a tiempo de sacar lecciones y enmendar rumbos.

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