En el marco de la grave crisis política en que nos encontramos y que involucra por igual al Gobierno como al Congreso, hay quienes han afirmado que ésta sólo podrá ser resuelta si retomamos el debate de la reforma política.
En los últimos años se dieron pasos importantes en esta reforma. Entre ellos, el establecimiento de las elecciones primarias abiertas obligatorias y simultáneas (PASO), la exigencia de que los partidos políticos cuenten con comités de afiliados en un significativo porcentaje de circunscripciones departamentales y provinciales, la paridad y alternancia de género, la obligación de que los partidos compitan en todos los procesos electorales y no sólo en las elecciones nacionales, el impedimento para postular de aquellas personas que cuentan con sentencia en primera instancia, el financiamiento de la política, las restricciones a la inmunidad parlamentaria.
Lo avanzado en reforma política no está exento de riesgos; de los mismos riesgos de contrarreforma que vemos en la educación universitaria y en el transporte. En la mayoría de casos, los partidos se resisten a ser regulados en su vida interna, tanto como se resisten algunas universidades y algunos grupos empresariales que prefieren actuar en la informalidad.
Para avanzar en la reforma política hay que ir más allá de la reforma electoral. Aquí cinco sugerencias de distinto calibre para retomar ese debate.
Primero, el debate sobre la oportunidad para que el ejecutivo presente una cuestión de confianza debe ser acompañado del debate sobre las causales de vacancia presidencial incluyendo –por cierto- a la denominada genéricamente “incapacidad moral”.
Segundo, debemos acabar con la exoneración de la segunda votación de los proyectos de ley que ha pasado de ser una excepción a ser práctica casi permanente en el procedimiento parlamentario.
Tercero, las exigencias de idoneidad y meritocracia para ocupar cargos de alto nivel en el poder ejecutivo recientemente aprobadas deben extenderse hacia los poderes legislativo y judicial, así como hacia los organismos constitucionalmente autónomos[1].
Cuarto, el Congreso necesita una oficina especializada que dé soporte a la elaboración de los proyectos de ley de forma tal que el análisis costo-beneficio que el reglamento exige deje de ser un mero trámite que se resuelve con un breve párrafo en el que suele señalarse “este proyecto no irroga gastos al Estado”.
Quinto, es importante revisar la forma como se constituyen y funcionan comisiones del Congreso que son claves para el control político, tales como la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión de ética. La proporcionalidad no puede seguir siendo el criterio determinante para la conformación de estas comisiones.
Soy consciente de que los cambios normativos no bastan para resolver el problema e insisto en lo señalado en mi última columna[2]: hay una responsabilidad que los partidos políticos no pueden evadir. Hacemos mal si nos acostumbramos a que las decisiones se adopten pensando únicamente en el cálculo de votos, tanto para legislar como para el control político y el ejercicio del gobierno.
La crisis que atravesamos actualmente viene de varios años atrás y nos lleva cada vez con más rapidez al debilitamiento de la democracia, como muestran las diversas herramientas que se emplean a nivel global para medir la democracia y como –sin necesidad de mirar esos índices- nos damos cuenta todos los peruanos y peruanas.
Finalmente, comparto la desazón y perplejidad ante los nombramientos en los altos niveles del gobierno, así como ante sospechosos movimientos para terminar con el gobierno actual pero mantener al congreso, como si éste no tuviese responsabilidad en lo que orada nuestra ya precaria institucionalidad y confianza ciudadana.
[1] https://www.patamarilla.com/2022/01/meritocracia-e-idoneidad-en-la-funcion-publica/
[2] https://www.patamarilla.com/2022/02/quien-se-hace-cargo/