El departamento de Junín tiene cinco congresistas. Dos pertenecen al gobiernista partido Perú Libre, uno es Waldemar Cerrón -vocero de la bancada y hermano del fundador Vladimir Cerrón- y otra es Silvana Robles; uno procede de Acción Popular, Ilich López; uno de Fuerza Popular, David Jiménez; y el quinto de Juntos por el Perú, Edgard Reymundo, quien ya antes ejerció función parlamentaria.
Junín se encuentra en estos días en el centro de la noticia debido a las protestas de transportistas y agricultores que paralizaron la capital Huancayo y las principales ciudades del departamento, así como el tránsito por la carretera central hacia Lima Metropolitana. Se trata de la más grande manifestación ciudadana que afronta el gobierno de Pedro Castillo, quien se vio obligado a enviar una comitiva de cinco ministros y pedir la mediación del cardenal Pedro Barreto. Aunque se logró firmar un acta y una tregua, el conflicto no ha terminado y podría volver a escalar en los próximos días.
Son diversos los enfoques para analizar este serio conflicto. Quiero que nos detengamos en uno de ellos: el papel y responsabilidad de los congresistas por Junín.
La semana previa a la escalada del conflicto fue lo que en el Congreso se denomina semana de representación; es decir, los días en los que los congresistas están obligados a desplazarse por la región/departamento por la que fueron elegidos para dialogar con la población, recoger inquietudes y propuestas y trasladarlas hacia el debate parlamentario.
Sería muy importante conocer con certeza y detalle las actividades que durante esa semana de representación realizaron los congresistas Cerrón, Robles, López, Jiménez y Reymundo y en qué medida alcanzaron a identificar el conflicto en curso, prever la escalada del mismo y propiciar acciones para afrontarlo eficaz y oportunamente.
Eso está en el centro de la función de representación, no sólo de la semana que lleva ese nombre. Los y las congresistas están obligados a mantenerse en permanente contacto con la población a la que representan, más aún si tienen una semana al mes dedicada exclusivamente a ello, sin reuniones de comisiones ni sesiones plenarias; pero no he visto en la prensa -que reviso permanentemente- que alguno de los cinco parlamentarios por Junín haya alertado del conflicto que se estaba gestando y mucho menos de la escalada que éste podría tener.
No pretendo en absoluto disimular las responsabilidades del Poder Ejecutivo que –entre otras cosas- se mantuvo durante semanas sin nombrar al responsable de la oficina de diálogo y conflictos, pero sí creo que los congresistas por Junín nos deben una explicación; se la deben especialmente a sus electores.
Por ello, cuando la presidenta del Congreso convoca de urgencia a la junta de portavoces parlamentarios –como lo ha hecho- debiera empezar pidiendo que éstos den cuenta de las acciones que sus congresistas por Junín adoptaron para dialogar con transportistas, agricultores y pobladores en general, evaluar el conflicto y proponer acciones que prevengan y eviten los hechos de violencia que hemos visto en estos días.
Si queremos evaluar la medida en que los congresistas ejercen su función de representación habría que conocer también quiénes de ellos estuvieron en Junín durante los días más duros del conflicto, qué acciones tomaron e –incluso- si participaron de la reunión de los representantes del Gobierno con los dirigentes sociales el sábado 2 en el coliseo Wanka. ¿O es acaso que no serían bien recibidos?
Lo de Junín en estos días aplica para todas las circunscripciones y en todas las circunstancias. Los primeros responsables para propiciar el diálogo son las autoridades locales y regionales y los congresistas de la región. Si lográramos que esto funcione de esa manera avanzaríamos de forma significativa en la atención de las demandas sociales, la anticipación de los conflictos y la gobernabilidad descentralizada.55