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jueves, octubre 6, 2022

Defensoría del Pueblo pide a Castillo observar ley que afecta el enfoque de género

La semana que acaba de terminas el Parlamento aprobó un proyecto de ley que atenta contra la reforma universitaria. En esa misma línea dio el visto a una iniciativa legislativa que se trata de la intervención obligatoria de los padres de familia en la elaboración de materiales educativos.

El presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la fecha ha dado a conocer que observará el proyecto que golpea a la Sunedu, pero no se ha pronunciado sobre la ley que afecta a la educación sexual en los colegios.

“Preocupado por la educación del país, entendiendo que la educación superior también es un derecho constitucional de la juventud peruana, debo mencionarles que esta reforma universitaria no puede retroceder. Por eso, el Poder Ejecutivo observará la autógrafa de ley aprobada por el Congreso”, dijo el último viernes.

Ante esta situación la Defensoría del Pueblo se pronunció y pidió que el mandatario observe el proyecto que condiciona publicación de material educativo al consentimiento de madres y padres y pone en riesgo la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).

«Solicitamos al presidente de la República que observe la propuesta normativa recientemente aprobada y solicite su archivo, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 108 de la Constitución y, principalmente, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales suscritas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en estricto respeto del principio del interés superior de la niñez y adolescencia«, se lee en el comunicado.

El organismo constitucionalmente autónomo indicó que esta iniciativa contraviene a la Constitución Política y no está alineada con los objetivos de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; la Política Nacional de Igualdad de Género; el Proyecto Educativo Nacional al 2036; el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) y los nuevo lineamientos de la ESI.

Además, señalan que que el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de progenitores, «constituiría un peligroso precedente para todas las políticas públicas, pues institucionalizaría –a través de una ley– un derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios, generando inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos de las personas, y particularmente de las y los estudiantes».

También puedes leer: https://www.patamarilla.com/2022/05/esposo-e-hijade-karelim-lopez-son-investigados-por-la-fiscalia/

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