La semana que está por terminar ha marcado dos hechos en Parlamento que atentan a la reforma universitaria.
En primer lugar la aprobación de restablecer la “autonomía” y la institucionalidad de las universidades peruanas, ello a través de la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Dicha ley indica que estaría integrado por dos representantes de las universidades estatales, una de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.
No obstante, haciendo honor a lo prometido cuando fue candidato presidencial, el hoy jefe de Estado, Pedro Castillo, anunció que observará la iniciativa que tuvo a los extremos- Perú Libre y Fuerza Popular- unidos al momento de la votación.
“Preocupado por la educación del país, entendiendo que la educación superior también es un derecho constitucional de la juventud peruana, debo mencionarles que esta reforma universitaria no puede retroceder. Por eso, el Poder Ejecutivo observará la autógrafa de ley aprobada por el Congreso”, exclamó.
Segundo golpe
No siendo suficiente con esto el Congreso aprobó otro proyecto de ley que se trata de la intervención obligatoria de los padres de familia en la elaboración de materiales educativos.
Según el texto aprobado, la norma tiene por objeto emitir las disposiciones orientadas a regular las acciones para que la elaboración de los materiales y recursos educativos a cargo de las entidades competentes del sector educación, se efectúe acorde con los principios y derechos reconocidos en la Constitución.
Por otro lado, establece que los contenidos deben estar orientados a promover y proteger el desarrollo integral de la personalidad mediante el desarrollo de valores ciudadanos, la educación sexual, prevención de adicciones, conductas delictivas y acoso escolar, entre otros.
Frente a lo que es un dictamen aprobado claramente afectando el enfoque de género, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó dicha medida legislativa.
Aseveraron que limita las competencias del Ministerio de Educación para la elaboración de los materiales, textos y recursos educativos y pretende erradicar el enfoque de género en el Currículo Escolar.
«Hacemos una invocación al Congreso de la República para que reconsideren la decisión tomada hoy, que nos llevará a mantener o agravar la situación de discriminación y violencia que viven nuestras niñas, niños y adolescentes. Esto constituye un retroceso en la garantía de los derechos adquiridos a una educación integral«, se lee en un comunicado.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechaza la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley 904 / 2021-CR que limita las competencias del Ministerio de Educación (Minedu) y MIMP pic.twitter.com/RqFMA1EVGN
— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 6, 2022
Causa- Consecuencia
Si el Ejecutivo no observase dicho proyecto de ley se permitiría el avance de los grupos conservadores, según explicó a RPP la exministra de dicho sector, Gloria Montenegro.
“Esto tiene una trampita en el enunciado cuando habla de que los padres participan en la elaboración de programas y del contenido de los materiales […] de manera institucional. Y dime tú, ¿Qué organizaciones tenemos en el país inscritas en registros públicos de manera institucional? Ahí tenemos a Con Mis Hijos No Te Metas”, aseveró.
El posible avance de este grupo de conservadores también fue advertido por la Defensoría del Pueblo. Advirtieron que el Estado está obligado a implementar la educación sexual integral el entorno escolar, sin injerencias que impidan que estudiantes accedan a ella, según lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Imagina que los padres definan contenidos educativos y que habría que consultarles si se debe enseñar Lenguaje o Matemática. Ellos no están impedidos de hablar directamente con sus hijos. Lo que no pueden hacer es prohibir que un niño conozca sobre educación sexual integral. Prefieren otorgar el derecho a veto y no se escoge la prevención de problemas históricos como la violencia”, dijo a La República la adjunta de la Niñez y Adolescencia, Matilde Cobeña.
Cobeña indicó que grupos como Coordinadora Nacional Profamilia, la Coordinadora por la Vida de Arequipa, la asociación Origen-Vanguardia y Cambio Cultural, de Giuliana Caccia, opositora al enfoque de género, dieron su opinión técnica.
El proyecto de ley en mención a manera de resumen precisa que si algún funcionario aprueba publicar un texto escolar sin el visto bueno de la participación de los padres de familia, deberá ser sancionado o suspendido sin goce de remuneraciones hasta por tres años. En el peor de los casos, podría ser destituido.
Las bancadas que estuvieron a favor fueron Fuerza Popular (23), Renovación Popular (9) y Alianza para el Progreso (14), ellos decidieron votar en bloque.
Avanza País (9), Acción Popular (10), Perú Libre (19), Somo Perú (3) y Perú Democrático (1) se sumaron al proyecto presento por Esdras Medina.
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