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domingo, noviembre 27, 2022

La denuncia constitucional como recurso del Parlamento contra Castillo y Boluarte

La inhabilitación o suspensión a sus cargos podrían afrontar tanto Pedro Castillo o Dina Boluarte.

El primero en mención afronta una denuncia constitucional por el presunto delito de traición a la patria tras declarar la posibilidad de dar acceso al mar para Bolivia.

Actualmente este proceso que tiene como delegado al legislador Wilson Soto. Asimismo, este último envió un informe- no es el final- a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional (SAC), Rosío Torres.

Ahí concluye citar al mandatario para que ejerza su derecho a defensa, con los descargos respectivos.

Pese a dos intentos de vacancia fallidos, Jorge Montoya anunció que tras denuncia de Zamir Villarde, sería más fácil detallar los motivos que sustentan una nueva moción de vacancia. Foto: Presidencia

El camino que seguirá esta denuncia contra Castillo dependerá luego de la Comisión Permanente (CP) quien debatirá y votará. De proceder y acusar al mandatario, el pleno del Congreso necesita 66 votos para decidir si la acusación procede o no.

De ser el caso quien asumiría el cargo de jefe de Estado sería la vicepresidenta Dina Boluarte.

No obstante, el hecho de que se apruebe en el pleno del Congreso origina que por obligación el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez denuncie al mandatario ante la Corte Suprema. Este órgano decidirá si condena o absuelve a Castillo.

En entrevista con La República declaró el constitucionalista Omar Cairo. El especialista dijo que el mandatario no es destituido sino suspendido temporalmente.

Por el mismo camino

Ayer las bancadas de Renovación Popular y Avanza País presentaron una acusación constitucional contra Dina Boluarte.

Esta medida se da luego de que la Contraloría señalara que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social habría realizado labores al mismo tiempo en la asociación privada Club Departamental Apurímac.

La infracción sería al artículo 126 de la Carta Magna en donde precisan que ningún ministro de Estado puede ejercer otra función pública, a excepción de la legislativa.

El proceso es similar al del presidente de la República. Contra Boluarte buscan inhabilitarla de la función política hasta por 10 años.

La vicepresidenta de la República dijo desde Davos que “desde el primer instante que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano”.

Sin embargo, para Cairo esto no impediría que Boluarte asuma la presidencia- si sancionan a Castillo- ya que denuncia es por infringir a un artículo como ministra de Estado. Veremos.

También puedes leer: https://www.patamarilla.com/2022/05/las-ejecuciones-en-elmundo-aumentaron-un-20-tras-levantarse-las-restricciones-por-el-covid/

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