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sábado, diciembre 3, 2022

Los últimos días de un Congreso de emergencia

Por Manuel Silva

El actual Congreso de la República está en la recta final. Instalados el 16 de marzo del 2020, los congresistas electos ocuparon sus curules tras la disolución del anterior Congreso. Los 130 representantes culminan sus funciones el próximo 26 de julio bajo cuestionamientos. En el presente informe revisaremos algunas leyes y debates realizados por el actual Congreso en los últimos días.

Dos derrotas: la cuestión de confianza y la caída de la Mesa Directiva

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el 20 de junio el dictamen que establece la regulación al uso de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. Este dictamen se basa en dos proyectos de ley que fueron presentados por Luis Valdez (APP) y por Manuel Merino (AP) por separado, y se aprobó en menos de una semana.

El dictamen pretendía acordar desde el legislativo una definición para el último párrafo del artículo 132 de la Constitución, el cual faculta al presidente de la República el uso de la cuestión de confianza.

El presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, señaló que «una errada práctica parlamentaria ha abierto la posibilidad de que se puedan plantear cuestiones de confianza sobre proyectos de reforma constitucional».

El texto presentado a debate solicitaba: “Interprétese que la posibilidad de plantear una cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo, no encontrándose, entre ellas, las referidas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República”. Esto, en resumen y como se indicó por el presidente de la Comisión, buscaba limitar el uso de la cuestión de confianza del presidente, la cual se debatió el ultimo 30 de junio.

Esta propuesta de regulación al cerrar el mediodía culminó en 63 votos en contra, 30 a favor y 13 abstenciones en el Pleno Virtual del Parlamento, por lo que no prosperó.

Sin embargo, existía un pedido latente en la misma fecha y que se debatió tras la primera derrota ante el pedido de la regulación de las facultades del presidente: la censura la Mesa Directiva del Congreso.

La actual Mesa Directiva es presidida por la parlamentaria Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Luis Roel (AP) y Matilde Fernández (Somos Perú); ellos fueron señalados por señalados por el pedido de censura en su contra realizado por los congresistas Kenyon Durand Bustamante (Acción Popular), Carlos Mesías Ramírez (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza Para el Progreso), como que “no han cumplido con representar y defender el fuero del Congreso conforme lo establece el Reglamento del Congreso de la República”.

“El hecho más reciente es la denuncia por parte del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso contra el presidente de la República, quien valiéndose de su posición lo convocó con el objetivo de frustrar el debate de las modificaciones constitucionales que el Parlamento se preparaba a debatir, inclusive valiéndose de amenazas, afectando el fuero parlamentario “, precisaba el texto propuesto para la censura.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Mirtha Vázquez en una entrevista para La República, comentó: “Me comentaron que la censura se promovía porque temían que yo no convoque a la elección sobre el TC… Como presidenta del Congreso intento mantener neutralidad, pero no significa que no pueda tener posición. Me posicioné sobre la cuarta legislatura, cuestión de confianza y reformas constitucionales. Sobre el TC tengo una posición y mis colegas la conocen. Mi deber es cumplir el reglamento y si la mayoría quiere, como decidió, llevar adelante el proceso, garantizar que se realice, pero eso no quita que tenga una posición”.

Al caer la tarde y culminado el debate a la moción de censura, el resultado final fue de 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones, la representación nacional desestimó el intento de destituir del cargo a los actuales miembros que presiden el Congreso.

Decisiones a contra reloj

El pasado martes 1 de mayo con 75 votos a favor, 33 en contra y cinco abstenciones, se aprobó la ampliación de una cuarta legislatura parlamentaria, para debatir importantes reformas constitucionales como la bicameralidad, cuestión de confianza, la incorporación de derechos, entre otros. Esta estaba prevista para que dure hasta el 16 de julio.

Sin embargo, el 1 de julio, los parlamentarios Franco Salinas (AP), Guillermo Aliaga (Somos Perú) y César Combina (APP) presentaron un pedido al Congreso para solicitar la ampliación de la cuarta legislatura hasta el 23 de julio, 3 días antes de su salida definitiva.

Desde la aprobación de una cuarta legislatura, se cuestionó por el poco tiempo que tendrían los legisladores (un mes) para debatir los diversos temas.

Entre los temas que se debaten estuvieron la regulación de la cuestión de confianza y el pedido de censura de la Mesa Directiva, dos pedidos que no prosperaron, pero aún el Congreso pone sus ojos en dos elecciones muy importantes para el país que, al parecer por el corto tiempo que les queda, no contaría con el debate necesario: regreso a la bicameralidad y la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

Tras ser elegidos nuevos congresistas e instalarse en sus curules, muchos parlamentarios señalaron que los nuevos miembros del Tribunal Constitucional serían elegidos por el nuevo Congreso “del bicentenario” (2021-2026), ya que el actual era un periodo de transición. Sin embargo, a razón de los primeros resultados electorales, el 20 de abril el Congreso aprobó la reactivación de la Comisión especial encargada de elegir a nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) con bases muy cuestionables.

“Si no los elegimos, el próximo Congreso lo hará. Uno que es atomizado, fragmentado y con esos aires de violencia incluso comunistas. No van a nombrar a miembros del Tribunal Constitucional”, indicó Omar Chehade, congresista por APP.

Es así como desde el 23 de junio se activó la Comisión especial del Congreso a fin de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Los miembros de esta comisión entrevistaron a los candidatos en un proceso que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil.

“Son preguntas que relevan que están buscando un perfil de magistrado que es totalmente distinto al establecido en las reglas del proceso. Las reglas del proceso nos dibujan a una persona ideal y las preguntas no tiene relación con la búsqueda de esa persona ideal”, consideró la abogada Úrsula Indacochea para RPP.

Esto referido a que, durante las entrevistas, los parlamentarios preguntaron a los postulantes preguntas relacionadas a la eutanasia, el aborto, SUNEDU, religión; y no a argumentaciones desde el ámbito constitucional.

Al respecto, según compartió la abogada y ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra en su columna “Alertas congresales”: “Uno puede coincidir o discrepar con sus decisiones, pero no puede dejar de reconocer el importante rol del Tribunal Constitucional como árbitro ante diversas controversias, incluso aquellas que han enfrentado al Congreso y al Poder Ejecutivo, en su mayoría resueltas por estas vías constitucionales. Elegir a los mejores candidatos/as, quienes vayan a defender la supremacía la Constitución y defender derechos, y no a intereses privados o políticos. Una tarea que debe confiarse al Congreso nuevo, y no al saliente, como han advertido algunas organizaciones”.

La decisión final sobre quienes estarán a cargo de representar al órgano máximo de interpretación de la Constitución será el próximo 7 y 8 de julio a las 9:00 horas. “Según lo acordado en mayoría por la Junta de Portavoces en su sesión del 28 de junio de los corrientes, la sesión de elección de los miembros del Tribunal Constitucional se llevará a cabo presencialmente en el hemiciclo de sesiones del Congreso”, indica el texto publicado por el Congreso de la República, una actitud que también ha sido cuestionada al reunirse presencialmente los congresistas ( asesores, personal parlamentario), en un momento en que una nueva variante del coronavirus está presente en nuestro país.

El pedido de bicameralidad

El 2 de julio se debatía el proyecto de retorno de la bicameralidad. La disposición transitoria del dictamen especifica que las reformas aprobadas entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2023. Con ello, la elección de la Cámara de Senadores se realizaría, de manera simultánea, en las elecciones municipales y regionales del 2022. Los congresistas electos este año pasarían a formar la Cámara de Diputados. Debemos recordar que un intento similar de cambio del sistema se presentó en referéndum el 09 de diciembre del 2018, donde el 90% dijo no a la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, al cambiarse, en parte, las reglas de juego propuestas por la Comisión Tuesta para la Reforma Política (congresistas querían re elegirse ahora como senadores y diputados).

La ley de Publicidad Estatal

Al culminarse el debate al medio día del viernes 2 de julio, se aprobó en primera votación con 88 votos a favor, cero en contra y 13 abstenciones se aprobó el proyecto de ley para modificar la ley de publicidad estatal.

Esta, además, con 89 votos a favor, cero en contra y 13 abstenciones se aprobó exonerar de segunda votación el proyecto de ley sobre Ley de Publicidad Estatal.

Este nuevo texto sustitutorio señala que las entidades del Estado que contraten con los medios de comunicación privados, deberán contratar a aquellos medios que operen en los distritos, provincias y regiones con una programación local no menos de un 50 %. Asimismo, el Estado en sus diferentes niveles puede contratar publicidad sin cargo ni cobro de comisiones a través de medios de comunicación habilitados.

Además, en línea con la Ley de Contrataciones del Estado, toda institución pública presentará un plan comunicacional estratégico de publicidad estatal anual.

Dos buenas noticias: Ley Nacional del Cáncer y ley Cuatro Patas

Pese a las cuestionadas acciones parlamentarias del Congreso, las cuales algunas han sido presentadas en este informe, existen dos iniciativas legislativas que han sido muy bien recibidas por la sociedad: La ley Nacional del Cáncer y la ley Cuatro patas.

La Ley Nacional del Cáncer, publicada el 1 de julio, tiene como objetivo garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. Según el texto sustitutorio, se accederá a este beneficio indistintamente al tipo de cáncer que padezcan, para asegurar el acceso al derecho fundamental a la salud en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Esta ley señala que el Ministerio de Salud deberá elaborar un Plan Nacional del Cáncer y contar con un observatorio sobre la enfermedad, mientras que los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) deberán implementar campañas de detección temprana en todo el país, con prioridad en las zonas rurales, alto andinas y de la Amazonía.

El financiamiento del tratamiento a las personas con cáncer será con con cargo a las diferentes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (Iafas), sean públicas o privadas. Asimismo, si la persona no cuenta con seguro social (EsSalud) o privado, o la cobertura de este resultase insuficiente, «será afiliado de manera inmediata al Seguro Integral de Salud (SIS).

Esterilización de mascotas como política pública. Esta iniciativa parlamentaria tuvo como base el proyecto de Ley 6144/2021, más conocida como la “Ley cuatro patas”, presentado por Marisa Glave Remy y Alberto de Belaunde de Cárdenas y elaborado juntamente con la Coalición por los Animales del Perú (Colpa), entidad que agrupa a diversas organizaciones de protección animal en el país.

Así, se busca incorporar la esterilización de perros y gatos como deber del Estado e impulsarla como un componente de la política nacional de salud pública a cargo del Ministerio de Salud (Minsa). Asimismo, busca reducir el riesgo de las enfermedades que se pueden transmitir de animales a personas (zoonóticas), por medio de campañas de vacunación.

Esta ley se debatió el 1 de julio y se aprobó con 97 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Ahora, las acciones de esterilización se priorizarán en las regiones con presencia de casos de rabia canina, altos niveles de población de perros y gatos, sin hogar o que nunca han experimentado contacto humano, con énfasis en los distritos en situación de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, las autoridades deberán promover el otorgamiento de incentivos económicos y no económicos a las veterinarias privadas que realicen esterilizaciones de perros y gatos a precios de costo o humanitario.

 

 

 

 

 

 

 

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