No pasaron 24 horas desde que el Congreso aprobó el proyecto de ley que señala disponer la cremación de cadáveres condenados por terrorismo.
El proyecto presentado por Gladys Echaíz (APP) tiene como objetivo evitar que personas con pensamiento terrorista o allegados a este puedan generar un tipo de culto a personas como el sanguinario Abimael Guzmán y se cometa algún tipo de apología al terrorismo.
Se esperaba que en los próximos quince días hábiles el presidente Pedro Castillo promulgue dicha ley y así quizás ponerle «fin» a lo que significó el terrorismo.
Ley promulgada
Hace unos minutos se promulgó la ley que permite establecer el destino final de cadáveres de cabecillas condenados por terrorismo aprobada ayer por el Parlamento.
Se trata de la ley LEY Nº 31352 . Esta ley incorpora el artículo 112-a a la ley 26842, ley general de salud, a fin de establecer el destino de cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por los delitos de traición a la patria o de terrorismo en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas.
“Artículo 112-A.- En el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena con sentencia firme por los delitos de traición a la patria o de terrorismo, en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno, el fiscal competente, en decisión motivada e inimpugnable, dispone su cremación, previa necropsia.
Es así que la Autoridad Sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, ejecuta lo dispuesto en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. La cremación se realiza en presencia de un representante del Ministerio Público, para fines de identificación, quien levanta el acta correspondiente.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone la dispersión de los restos cremados en tiempo y lugar de naturaleza reservada. En su ejecución contará con el apoyo del Ministerio del Interior”.
La ley fue firmado por el presidente de la República y el premier Guido Bellido.
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