Esta semana el nombre y apellido de Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, tomó notoriedad luego de que la Contraloría advirtiera que la ministra de Desarrollo e Inclusión social habría realizado labores al mismo tiempo en la asociación privada Club Departamental Apurímac.
Este hecho originaría una infracción constitucional al artículo 126 de la Carta Magna en donde precisan que ningún ministro de Estado puede ejercer otra función pública a excepción de la legislativa.
Tras conocerse que dos bancadas parlamentarias presentaron una acusación constitucional que busca inhabilitar de la función pública por 10 años a Boluarte, esta última indicó que la Controlaría nunca la notificó sobre el informe.
“El 20/5, un día antes de salir en representación del Perú, me enviaron sólo Carta 000003-2022 donde no hay conclusiones, ni recomendaciones. Aprovechando mi ausencia, remiten el Informe 005-2022 a diversas entidades, cuyo contenido desconozco”, escribió vía Twitter.
La vicepresidenta de la República aseveró que la Contraloría vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución.
Expreso mi protesta por el actuar de @ContraloriaPeru. Su Informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas 005-2022-CG/FID-FEDJ, de 60 páginas, no me ha sido notificado. (1/4)
— Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) May 25, 2022
Réplica al instante
Horas más tarde la Contraloría utilizó la red social Twitter para explicar y desmentir a Boluarte. El organismo constitucionalmente autónomo aseveró que si respetó el derecho a la defensa requiriéndole sus descargos.
Agregan que si se le notificó la solicitud de aclaraciones en dos oportunidades.
“Tal como consta en los Oficios N° 00045-2022-CG/FIS y N° 00057-2022-CG/FIS, notificados válidamente el 10/03/2022 y 20/04/2022 respectivamente. Las respuestas a las aclaraciones solicitadas fueron presentadas y suscritas por la funcionaria mediante Cartas de fechas 21/03/2022 y 27/04/2022″, se lee en el documento.
Asimismo, indican que comunicaron adecuadamente a Dina Boluarte el resultado de la fiscalización a sus declaraciones juradas, de acuerdo con la normativa de fiscalización vigente.
La Contraloría afirmó que actúan de manera legal y técnica.
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