Una premisa fundamental, en una sociedad democrática, es que toda irregularidad —máxime si es un delito— que se produzca en relación con el ejercicio de la función pública (sea por actores del sector público o del sector privado) debe investigarse de manera rigurosa y célere en las instancias correspondientes, para imponer, con arreglo al debido proceso, las sanciones que correspondan.
Esto cobra especial relevancia en países periféricos como el Perú, pues se afectan recursos públicos, escasos e indispensables para mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos, a los que incluso se les niega esa ciudadanía. Luis Guillermo Lumbreras recuerda que, con la independencia, se organizó “una representación discriminatoria”, todavía vigente, entre “nosotros” (la élite criolla, pues “la condición de ciudadano requería tener el ‘español’ como lengua materna”) y “los otros” (“la inmensa mayoría multilingüe nativa”, expulsada de la nacionalidad y “de sus derechos y beneficios”). Es clara, sin embargo, la irrupción de “los otros” en la escena política, lo que explicaría por qué hoy el racismo es más fuerte, pues se ejerce, especialmente, contra aquel que “osa entrar en los espacios donde la sociedad privilegiada no estaba acostumbrada a verlos y reclama sus derechos” (Cecilia Méndez).
La realidad muestra que la mayor parte de los casos que se denuncian —al menos los de mayor importancia— quedan impunes; es decir, se persiguen con mayor severidad los delitos comunes, en comparación con los delitos de “cuello blanco”, pues “los poderosos tienen una mayor capacidad para controlar los efectos de su actividad criminal, lo que en consecuencia les permite, de forma habitual, ni aparecer ni ser etiquetados como tales” (Jordi González).
La política es “la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos Estados o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen” (Max Weber). Entonces, ese término tiene una arista competitiva y hasta conflictiva respecto a la consecución, al ejercicio y a la preservación del poder dentro de una sociedad. La democracia es —o era, al menos— el sistema que permitió canalizar esas relaciones —entre diferentes grupos con una pluralidad de intereses— de manera pacífica.
En el ámbito de la geopolítica, el militar estadounidense Charles Dunlap acuñó el término de Lawfare para referirse a “la estrategia de usar —o no usar— el Derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico”. Ese uso del Derecho en las desiguales sociedades latinoamericanas que viven hoy la política como una guerra, ha sido presentado desde la izquierda afirmando que “la derecha, liberal o conservadora, recurre a la juristocracia y su articulación con el aparato mediático para dirimir la batalla que no logró ganar por la vía de las urnas, o bien para lograr cierta legitimidad en el gobierno, al tiempo que reorienta al Estado rápidamente hacia una vía neoliberal, recuperando el fuerte componente antipolítico de ese orden” (Silvina Romano).
Desde la derecha se afirma que “es una nueva forma de producir un golpe de estado desde el interior de las democracias”, buscando, primero, “desacreditar a los opositores políticos, controlar la administración de justicia y luego perseguirlos hasta llevarlos a la cárcel si fuese necesario” y, segundo, “propiciar un conjunto de reformas institucionales y legales argumentando la necesidad de un país más justo e igualitario” (Carlos Hakansson).
En una perspectiva crítica, se ha señalado que el Lawfare es un “cuento burdo, falso y peligroso”, pues pretende esconder “que el poder concentrado y desigual permite que los actores dominantes presionen a la justicia para que actúe a su favor” (Roberto Gargarella).
No parece, sin embargo, que estas miradas sean incompatibles, pues el peso y la influencia que el poder político ha mostrado sobre el sistema de justicia a lo largo de nuestra historia republicana, no impugna que ese sistema judicial ha sido utilizado, por poderes fácticos en colusión con los medios de comunicación, para conseguir un objetivo concreto: la eliminación de liderazgos políticos que amenacen real o imaginariamente el statu quo (el caso más notorio fue el del ex presidente Lula en Brasil, que mereció incluso que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronuncie.
Si bien desde la caída del fujimorato se hizo más frecuente en el Perú que importantes actores políticos y económicos fueran investigados judicialmente, la impunidad sigue siendo la regla. En otros casos, investigaciones muy serias a nivel político (i.e., los “narcoindultos”) fueron frustradas por la injerencia judicial en el ámbito de la política. ¿Judicialización de la política?
El ejercicio de la libertad de prensa es fundamental en una democracia y los medios de comunicación son —o deberían ser— aliados en la lucha contra la corrupción; para ello, se requiere que ejerzan esa función pública (informar), de manera responsable y en sujeción a la verdad. Muchas veces los medios de comunicación asumen un rol político franco y condenan o absuelven a una persona, sobre la base de opiniones sesgadas o puramente interesadas.
El sistema judicial, encargado de administrar justicia con independencia e imparcialidad, tiene un rol fundamental. Como toda actividad humana, no se desarrolla dentro de una cápsula aséptica y las personas que ejercen esas actividades tampoco son ajenas a la sociedad en que viven y tienen una cosmovisión y una apreciación política e ideológica de la sociedad en que viven y se desenvuelven, afinidades e intereses que se manifiestan, explícita o implícitamente, en sus decisiones. Por ello, el marco legal es fundamental para dotar de objetividad a esas decisiones. Con la poderosa presión mediática, el sistema judicial correo el riesgo de no actuar en arreglo a la justicia, sino adecuando sus decisiones al tratamiento mediático de los casos, lo que mostraría más bien una justicia de espectáculo.
Planteado todo lo anterior, ¿resulta relevante hablar de Lawfare en el Perú del bicentenario o se trata solamente de un cuento burdo?, ¿se está persiguiendo realmente la corrupción (u otros delitos de cuello blanco) “caiga quien caiga” o es que la cobertura mediática hegemónica en sintonía con algunos actores políticos e incluso órganos del sistema judicial, están persiguiendo fines políticos diferentes?, ¿tiene sustento la proliferación de causas abiertas contra nuevos actores políticos, mientras mediáticamente se apuesta por resucitar vetustos actores políticos que creíamos sepultados en los panteones de la ignominia peruana?