El ex defensor del Pueblo Walter Albán, la abogada constitucionalista Maritza Quispe (IDL) y el abogado y periodista Andrés Calderón analizaron el proyecto del Ejecutivo que penaliza la filtración de la información penal, y llegaron a la siguiente conclusión: afecta el derecho a informarse.
“Es una norma de amedrentamiento, es una mordaza y por eso se ha calificado bien como una ley que atenta contra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a mantenerse informados, sobre todo cuando se trata de investigación que involucra a gente que están en el poder”, dijo Albán.
El jurista afirmó que el proyecto tiene una “connotación de cierto cinismo”, al señalar que se quiere poner freno a las investigaciones y, en especial, a las que se refieren al entorno presidencial e incluso al propio presidente Pedro Castillo.
Advirtió que, a pesar de que los periodistas no han sido mencionados expresamente en el proyecto, podrían verse señalados como cómplices en las investigaciones y eventualmente ser sancionados.
Planteó que habría que reducir los márgenes de la reserva en el proceso penal y no ampliarlos como lo quiere hacer este proyecto.
“Sí hay una vulneración del derecho de todo ciudadano de mantenerse informado. Quieren penalizar a las fuentes y perjudicar la libertad de expresión que tienen los periodistas”, coincidió la constitucionalista Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Consideró además que el proyecto es “desproporcionado” porque eleva al ámbito penal la filtración de información, cuando hoy existen sanciones administrativas que pueden inhabilitar a un funcionario del sistema judicial cuando revela información reservada.
En términos penales, Quispe explicó que el periodista no se vería afectado porque hay una obligación de estos a guardar silencio sobre la identidad de sus fuentes.
Por ello, precisó que el derecho a la reserva de la identidad de las fuentes es un derecho fundamental que se desprende del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de los artículos 2.4 y 2.8 de la Constitución.
Por otro lado, el abogado Andrés Calderón, en declaraciones al Consejo de la Prensa Peruana, aseguró que el proyecto es una “mordaza” colocada directamente sobre jueces, fiscales, investigados y sus defensores. Sin embargo, también alcanza a los periodistas y perjudica finalmente a la población, pues no conocerá información relevante.
Afirmó que es nocivo porque presume que toda información sobre un proceso penal deba ser secreta, cuando la regla debe ser la publicidad conforme a la Constitución, y la reserva es la excepción. Asimismo, consideró que es probable que se quiera implicar a los periodistas como cómplices o instigadores del delito.
Consejo de la Prensa Peruana pide que se archive el proyecto
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) pidió al Congreso que archive el proyecto de ley mordaza presentado por el Poder Ejecutivo. De lo contrario, la ciudadanía no podría conocer, a través de los medios de comunicación, las investigaciones fiscales que se siguen por casos de corrupción, entre ellos Lava Jato, Los Cuellos Blancos y los relacionados al presidente Pedro Castillo y su entorno.
“Si el Congreso aprobara este proyecto de ley, o cualquier otro de similar contenido, estaría blindando al presidente y a sus cercanos colaboradores hoy investigados por la fiscalía”, advirtió el colectivo.
El Consejo de la Prensa Peruana pide al @congresoperu archivar la ley mordaza.
De aprobarla, el Congreso estaría blindando al presidente Castillo y a sus cercanos colaboradores hoy investigados por presuntos casos de corrupción.
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— Consejo de la Prensa Peruana (@ConsejodePrensa) July 7, 2022