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domingo, noviembre 27, 2022

Un presidente investigado y dos poderes rechazados

Se ha desatado una persecución política irracional en mi contra y de algunos ministros”, fueron las palabras de Pedro Castillo luego de que la Fiscalía iniciara una investigación preliminar en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

El mandatario es inmerso en esta decisión del fiscal de la Nación Pablo Sánchez ya que según explicó en su resolución no se trata de cualquier denuncia sin sustento o por motivaciones políticas evidentes.

“El Ministerio Público, en tanto persecutor del delito por mandato constitucional, defensor de la legalidad y los intereses de la sociedad, no puede obviar su rol dentro del sistema de administración de justicia, por lo que corresponde iniciar las acciones que la Constitución y la ley le reconocen e investigar al jefe del Estado”, se lee el documento del Ministerio Público.

Es importante mencionar que Castillo es incorporado en este proceso judicial al que ya son parte el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular, conocidos como “Los Niños”, por las irregularidades en la licitación del Puente Tarata III (ubicado en la región San Martín).

Antecedente. En enero la ex fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, abrió investigación preliminar contra Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en agravio del Estado, pero la suspendió hasta que culmine su mandato. Foto: Presidencia

El caso tomó forma cuando la empresaria Karelim López señaló que hay una mafia en el MTC, liderada por el jefe de Estado y los ya mencionados párrafos atrás.

Constitucionalmente legal

Sin comunicación o algún tipo de descargo de Pedro Castillo ante la prensa, sus abogados presentaron un pedido de nulidad de investigación preliminar contra el mandatario porque consideran que atenta contra el artículo 117 de la Constitución.

No obstante, dicho artículo menciona que el jefe de Estado solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria y por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales.

Además, puede ser acusado por disolver el Congreso, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Es decir, constitucionalmente la investigación contra el presidente de la República es legal.

Con la investigación en marcha resalta la pregunta: ¿Qué es lo puede sucede de aquí en adelante?.

En entrevista con El Comercio habló la abogada penalista, Romy Chang, quien indicó que solo podrá avanzar este proceso hasta que se concluya la etapa preliminar.

“Esta decisión [de Sánchez] complica significativamente [al presidente], pero porque hay varios elementos de prueba que nos dicen que algo irregular hay, el señor Castillo tendrá que dar explicaciones, ya su condición es la de investigado, ya no es un testigo al que se le podía enviar el pliego de preguntas por escrito”, exclamó.

En esa misma línea declaró su colega César Azabache para el mismo medio de comunicación. El letrado manifestó que cuando se cierre la investigación preliminar, “habrá un debate”, en el sentido, de que si se suspende o si se pasa a preparatoria.

Docenas de investigaciones

A raíz de este hecho y a lo largo de los 10 meses de gestión de Pedro Castillo se han podido contabilizar hasta 12 investigaciones fiscales que vinculan al entorno del jefe de Estado.

El más reciente es aquel que inició el Ministerio Público por el presunto plagio de la tesis de maestría de Castillo y su cónyuge.

La medida que dispuso el fiscal provincial de Tacabamba Juan Ramón Tantaleán fue por plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido.

Los sobrinos de Castillo. Fray Vásquez-no habido- cuenta con 24 meses de prisión preventiva en su contra y Gian Marco Castillo quedó en libertad con restricciones. Foto: Facebook

Otro hecho que forma parte del círculo de Castillo es el que involucra a la primera dama Lilia Paredes. La esposa de Castillo decidió no declarar ante la fiscal Luz Taquire y utilizó su derecho a guardar silencio.

Ante esta situación la fiscal consideró esto como delito de negativa a colaborar con la administración de justicia. Hasta la fecha Paredes posee una investigación preliminar en su contra.

Otro de los casos ya conocidos es sobre las presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas, Petroperú, Los Dinámicos del Centro, el Gabinete en la sombra, etc.

Un Congreso deslegitimado y sin respaldo

La solución a la crisis política parece no venir desde el Congreso. En medio de proyectos de ley aprobados como el dictamen contra la reforma universitaria que debilita a la Sunedu o la ley que afecta el enfoque de género, el Parlamento ha recibido un 87 % de desaprobación.

Lejos de buscar reformas políticas para resolver la coyuntura actual el Congreso intentó en dos oportunidades- una con menor éxito que la otra- vacar al presidente de la República.

El adelanto de elecciones generales pareciera ser la salida. Susel paredes tomó el proyecto de elecciones del congresista Pasión Dávila y hasta la fecha solo Diego Bazán (Avanza País) se adhirió a dicha iniciativa.

Por otro lado, el último viernes se difundió un audio en el que se escucha a María del Carmen Alva decir que solo van a sacar al presidente (Pedro Castillo) ya que «el pueblo está con nosotros».

Asimismo, la titular de la Mesa Directiva resalta que tras la opinión de diferentes constitucionalistas solo debe haber elecciones presidenciales.

«El Congreso no se va. No tenemos que desaparecer «, exclamó María del Carmen Alva en el audio. Añadió que este tema ya se habló en Comisión de Constitución.

«Si la circunstancia que se da que yo debo asumir y convocar a los 6-8 meses, yo después regreso a ser congresista ni siquiera me quedo o me voy«, enfatizó.

Horas más tarde la acciopopulista negó que dicho audio sea un plan golpista y comentó que fueron palabras vertidas el año pasado.

«Aquí no había ningún plan. Lo que hubo son situaciones en la prensa, políticos y sociólogo que han estado con esa pregunta desde el primer día. Nosotros hemos seguido trabajando lo que corresponde”, exclamó.

Alva añadió que se “quiere desviar la atención” y no “nos dejemos engañar”. Este comentario en la previa de un audio del caso “Puente Tarata” que el empresario Zamir Villaverde habría entregado un audio a la fiscal Karla Zecenarro y ésta al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Pago de coima. En aquel audio Zamir Villaverde le dice a Silva que la empresa española Tableros y Puentes (Tapusa) le dejó encargado entregarle 100 mil dólares por adjudicarles la construcción del Puente Tarata II, en la región San Martín. El monto por dicha licitación fue de S/ 232,5 millones.

Asimismo, la críticas no dudaron en llegar por parte de los diferentes parlamentarios sobre este hecho. No obstante, fue el propio Parlamento que en noviembre del 2021 a manera de blindaje decidió no interpelar al hoy extitular del MTC. Solo se obtuvo 21 votos a favor.

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