Por Héctor Chunga
Vallejo avisaría desde nuestra sierra liberteña y del otro lado del globo: ¡Cuídate Perú
de tu propio Perú! a nuestra escenografía g-local en este octubre de cambio estacional sin
milagros. Luego de hora y media de lo previsto empezó la conferencia para prensa extranjera, trasladada al comedor de Palacio. Solo se retrasmitió por canal digital. Antes tuvimos la conferencia de la Fiscalía de la Nación, que se suma también a victimizarse, como el gobierno.
En los últimos meses el país pujante, emprendedor, golpeado por la pandemia y crisis del
desengaño neoliberal y del desgobierno, ha reiterado encuestado, antes de las recientes
elecciones subnacionales, con el 67% de peruanos buscando una salida democrática a la crisis actual y la sistémica que arrastramos, solucionando el sentido común de _Qué se vayan tod@s.
La vía es una consulta por Referéndum para que se defina Elecciones generales adelantadas que abran nuevo gobierno y congreso complementarios desde agosto de 2023 con reformas constitucionales económicas, políticas e interculturales, que hagan un cambio fundamental y mínimo para que el Perú se democratice no solo en las formas sino microindustrializándose y haciendo girar a ello la educación, salud y otras políticas en general.
¿Qué busca la Fiscalía de la Nación ahora que terminó su investigación preliminar?*
sustentada en técnicas especiales modernas investigativas contra el crimen organizado:
colaborador/a eficaz, agente encubiert@, seguimiento y vigilancia, e intervención
comunicacional, lo que espera son *dos logros en uno: pasar a investigación preparatoria de indicios reveladores de la existencia de los delitos y la acción obstruccionista de los
investigados, para lo cual requiere que el Congreso abra antejuicio al Presidente Castillo
y, como garantías, le suspenda o destituya o –también- inhabilite.
¿Por qué el gobierno solicitará intervenir a la OEA en la crisis con el congreso? Porque requieren aire y tiempo para volver a negociar cómo se quedan ambos hasta el 2026, vía contrarreformas, sorteando la denuncia fiscal, mientras en lo táctico se disputan –como hoy quien ajusta más al otro, pero no tanto que quien caiga arrastre al otro. Uno acusa de más golpista al otro. Investiguemos y esclarezcámonos solidariamente: si bien procesar la denuncia constitucional demorará, más plazo ampliará que participe como tercero la OEA, mientras entre ambos Poderes públicos intentan mantener neutralizada la participación y movilización ciudadana como oposición democrática, movilizando sus “portátiles”.
Preparémonos* para incidir con derecho de participación organizada de sociedad
civil, articulando actores de las iniciativas que coincidimos en salida democrática, juntando la de los colectivos “Consenso Ciudadano”, “La Propuesta”, “Coalición Ciudadana”.
En la conferencia de prensa* destacó la presencia del ministro de Relaciones
Exteriores aunque hubieron más ministros en la sala. Flanquean al Pdte. Castillo tres ministros acusados hoy por la Fiscalía de la Nación: el Presidente del Consejo de Ministros, PCM, el ministro de la Producción y Comercio Exterior, MPCE -que preside Juntos por el Perú- y el de Justicia y Culto, MINJUS. También el otro vocero presidencial, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, MITPE, además del ministerio de Educación, MINEDU, aliado de la FENATEP, quizá para denotar que se continuará movilizando sectores sociales en esta situación.
El Canciller es quien gestionaría que la OEA aplique –preventivamente- la Carta
Democrática Interamericana por el supuesto golpe fiscal-congresal.* Esta Carta es un
instrumento *preventivo* a eventuales crisis políticas del sistema democrático en un Estado.
Se ejecuta por pedido del gobierno respectivo –de ningún otro actor- o de mutuo proprio, en casos de alteración de la institucionalidad y la gobernabilidad democrática, en modalidades diferentes a los de golpes militares o típicos. Así, se abre un proceso de DIÁLOGO, participando actores estatales en conflicto *y actores de sociedad civil pertinentes.*
Perú acaba de ser sede de la asamblea general de la OEA y presidimos otros organismos internacionales.
El artículo 17 de la Carta, aprobada por Naciones Unidas a inicios de nuestra transición
democrática, faculta a su Secretario General a solicitar o aceptar participar de la solución.*
Con su informe al Consejo Permanente se podría conformar una misión que interceda. En este nuevo marco el gobierno buscaría que la Junta Nacional de Justicia abra investigación a la Fiscal de la Nación por lo que considera es una denuncia inconstitucional y en base a oscuras medidas de la fiscal al intervenir en un caso de narcotráfico en que se investigaba a su hermana como jueza en probable lavado de activos y hoy ya no, y por rotar con nuevo equipo la mega investigación de los _Cuellos blancos del Callao.
Y en el caso del Congreso, el cual ratificó en setiembre su relación de alianza y lucha
que viene de AGO21 con el desgobierno para quedarse tod@s hasta el 2026,* tiene ahora
margen para hacerla larga. El golpismo congresal y gubernamental ya se ha venido efectuando con varias contrarreformas de conquistas logradas en las últimas dos décadas del presente siglo de nuestro conquistado proceso de transición democrática, largo, complejo y -ahora- agónico, luchando frente a autoritarios y corruptos de cualquier color, sin clase política digna y líder.
El congreso tendrá que resolver si la *Convención Interamericana contra la Corrupción* le
faculta a hacer suya o no la denuncia fiscal y tomar medidas contra el presidente ya que el art. 117, constitucional, solo lo hace para cuatro causales que no contempla dicha denuncia.
En cambio, la Convención IGUALA a cualquier funcionari@ públic@ en las medidas que
contempla, incluido presidentes de las Repúblicas miembros de Naciones Unidas.*
En el congreso saben que no es sustentable la vía de inaplicar el art. 117 de
protecciones constitucionales a la Presidencia de la República. *¿Pero qué harán l@s
ministr@s* Si se mantienen en sus cargos y no renuncian el artículo 128 constitucional les
hace co-responsables por delitos que pudiera cometer la presidencia. ¿Renunciarán algunos?
Un nuevo proceso largo –pactado- de Transición Democrática es la salida integral,*
en la que Perú reforme constitucionalmente sobre estas materias, pero no en sí mismas sino para que el Estado y la fuerza privada y ciudadana alentemos las sabidurías, conocimientos y fuerzas productivas en un Perú Micro y Pequeño industrial local y nacional agro-eco-boscometalúrgica-energética-marino-acuícola-turística. Hoy, logrando la salida democrática que el 67% de encuestad@s reiteramos: con un Referéndum para que el pueblo opine por la vía de elecciones generales adelantadas y reformas constitucionales.
Dichas reformas democráticas deberán garantizar que, con alta participación ciudadana
organizada, ni sea absoluta la protección presidencial ni haya una dictadura congresal como
busca la ultraderecha desde el gobierno de PPK y ahora ha sistematizado en el intento de
reformar 51 artículos constitucionales para cambiarnos a un régimen de dictadura
parlamentaria, casi poco importando quiénes salgan electos para presidir el Poder Ejecutivo, y controlar el Poder Judicial, y echar mano de los organismos constitucionales autónomos, electorales, de control y defensorial.